Paola Moreno Córdova / Grupo Cantón
Durante generaciones enseñamos a nuestros hijos a no hablar con desconocidos, a mirar antes de cruzar una calle y a pedir ayuda cuando sienten peligro.
Pero hoy existe una puerta que permanece abierta dentro de millones de hogares: la pantalla de un teléfono celular.
México tiene aproximadamente 38.4 millones de niñas, niños y adolescentes.
Son millones de historias, sueños y familias que enfrentan una realidad distinta a la que conocimos.
Internet ofrece oportunidades extraordinarias para aprender, comunicarse y descubrir el mundo, pero también puede convertirse en un espacio de violencia, manipulación y abuso.
Las cifras obligan a reflexionar. UNICEF documentó que 2.9 millones de adolescentes mexicanos de entre 12 y 17 años sufrieron ciberacoso durante 2024.
Otra investigación del organismo, realizada con ECPAT e INTERPOL, estima que 1.6 millones experimentaron abuso o explotación sexual facilitados por la tecnología en un periodo de un año.
Detrás de esas cifras hay realidades todavía más preocupantes: el 64% de las víctimas conocía a su agresor, el 32% no contó a nadie lo sucedido y menos del 1% de los incidentes llegó a denunciarse ante la policía.
El peligro no siempre tiene el rostro de un desconocido; en ocasiones se esconde detrás de alguien en quien se confía.
Por eso merece reconocerse la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar el Decreto de Entornos Digitales Seguros para Niñas, Niños y Adolescentes, publicado el pasado 14 de octubre.
México se incorpora así a una conversación internacional que ya está transformando la manera de proteger a las nuevas generaciones.
Mientras Australia establece restricciones de acceso a redes sociales por edad y Europa fortalece las responsabilidades de las plataformas, nuestro país ha optado por exigir medidas de protección desde el diseño de los servicios digitales.
El decreto contempla privacidad predeterminada, verificación de edad, herramientas de supervisión parental, mecanismos de denuncia y restricciones a contenidos que promuevan violencia, explotación sexual, ciberacoso o autolesiones.
Su importancia está en reconocer que la seguridad digital no puede descansar exclusivamente sobre los hombros de las familias.
Las empresas tecnológicas también deben asumir responsabilidades por los espacios que administran y los contenidos que recomiendan sus algoritmos.
En Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama ha impulsado, junto con UNICEF, acciones de crianza positiva y prevención de la violencia desde el hogar.
Esa visión de diálogo, acompañamiento y protección familiar resulta especialmente valiosa frente a los nuevos desafíos digitales.
Sin embargo, debemos comprender que ningún decreto sustituye una conversación entre padres e hijos, la orientación de un maestro o la confianza necesaria para pedir ayuda sin miedo a ser juzgado.
Las plataformas tienen obligaciones; las instituciones deben vigilar su cumplimiento; las escuelas deben educar para una ciudadanía digital responsable; y las familias necesitamos escuchar, acompañar y comprender.
El verdadero desafío será convertir estas disposiciones en protección efectiva.
Las empresas cuentan con un plazo inicial de 30 días para informar sus medidas, y sus resultados deberán evaluarse con transparencia.
Proteger a la infancia no significa alejarla del futuro tecnológico, sino garantizar que pueda participar en él con libertad, seguridad y dignidad.
Porque así como cuidamos la puerta de nuestra casa, también debemos cuidar las puertas digitales por las que nuestros hijos descubren el mundo.
