El día 15 de octubre pasado, a solo dos semanas de haber recibido la administración del municipio de Solidaridad, la presidente municipal Lili Campos Miranda, firmaba con Michael Alejandro Martínez, administrador único de la empresa Electrotaller Industrial y Comercial El Rural, S.A. de C.V. el contrato de prestación de servicios número DPM/AD/SER/060/2021 por el “servicio integral de recolección de residuos sólidos urbanos con 30 unidades recolectoras y compactadoras así como mantenimiento preventivo y correctivo de 35 camiones recolectores propiedad del municipio de Solidaridad” por un monto aproximado de 350 millones de pesos por 3 años. El contrato fue dado mediante adjudicación directa. Nada de esto parecería sospechoso de no ser por las circunstancias en que se dieron las cosas. Todo parecería haber estado planeado para el atraco. Veamos. El 10 de septiembre de 2015 se constituyó legalmente la empresa prestadora de servicio en cuestión. El objeto social consistía principalmente en el análisis, diseño y desarrollo de estructuras metálicas y de concreto, compra y venta de equipo de cómputo, entre otras cosas. No es sino hasta el 29 de septiembre de 2021 que la empresa amplía su objeto social incluyéndose la prestación de servicios ambientales y de administración de residuos, así como los servicios relacionados, incluyéndose la recolección, transportación, comercialización, transformación, reciclaje, reuso, industrialización, destrucción y confinamiento de basura, etc. Para reunir las condiciones técnicas requeridas por parte del municipio, a la contratista solo le bastó modificar el objeto social dos semanas previas a la firma del contrato. Y bueno, los socios de la empresa fueron visionarios, y se adelantaron a adquirir 30 unidades recolectoras y compactadoras que requería el municipio. Todo parece indicar que desde la administración de Laura Beristáin Navarrete ya se gestaba este atraco o negociación. Como recordaremos, 2 meses antes de que terminará la anterior administración el servicio de recolección de basura colapsó, a tal grado que en las calles la basura se acumuló incluso hasta por dos semanas, y siguió igual posterior a la entrada de la actual presidente. Y es que con esa maniobra, se pudo justificar la adjudicación directa haciendo uso del artículo 33 de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado que señala que es justificable la adjudicación directa cuando se altere o peligren los servicios públicos y la salubridad, entre otras cosas. Entonces, hubo complicidad.
