La foto del día muestra a José Antonio Meade en escaparate gastronómico con Miguel Ángel Osorio Chong, ambos en busca de dejar testimonio de unión y contento.
La nota judicial del día se refiere a la declaratoria del tribunal electoral respecto a la violación legal cometida por Alejandra Barrales al ocupar al mismo tiempo la dirigencia partidista y su asiento en el Senado.
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Esta resolución agrega una muesca al catálogo polémico de la perredista.
Pero el hecho político más relevante del día es la abierta presión de Enrique Peña Nieto para que el poder legislativo apruebe la Ley de Seguridad Nacional.
Que permitirá al Ejército y a la Marina seguir haciendo lo que hasta ahora han hecho en materia de crimen organizado (violentando el marco legal) pero, también, ante todo tipo de disturbios del orden interior, entre ellos las protestas y movilizaciones vigorosas y desbordadas, también las relacionadas con las eventualidades electorales.
La comida del priista y el “no priista”, pensada para su difusión en los medios, trata de conjurar las posibilidades de disidencia interna en el Partido Revolucionario Institucional.
A Osorio Chong lo ablandaron, en los días previos al destape de Meade, a base de filtraciones de asuntos oscuros que ahora podrán seguir en blanco si se mantiene la “unidad” en torno al virtual candidato presidencial priista.
Ayer mismo, luego de la foto en un restaurante de la colonia Tabacalera de la Ciudad de México, MAO tuiteó: “Buena plática con @JoseAMeadeK. México el tema principal. La unidad es y seguirá siendo la fortaleza del @PRI_Nacional”.
Pero no se sabe aún cuál será el destino de Osorio Chong.
Es decir, si seguirá en Bucareli o asumirá algún rol en la campaña de Meade.
Hasta ahora, no lo ha visitado el previo destapador oficial, Luis Videgaray, quien quitó la capucha al entonces secretario de hacienda antes que Peña Nieto y, este martes, estuvo en la oficina de Aurelio Nuño, en la SEP, mientras corre la versión de que el responsable de hacer “ler” al país podría ser el coordinador general de la campaña de “Pepe Toño”.
Lo cierto es que el aún secretario de gobernación ha aceptado con disciplina clásica el castigo, según las apariencias públicas, aunque el partidito que cuenta con su influencia, el denominado Encuentro Social, negocia con Morena una alianza que, en dado caso, podría ayudar a que encuentren acomodo en cargos y candidaturas algunos de los cuadros damnificados del Grupo Hidalgo (ah, Morena también explora la posibilidad de una alianza con el Panal).
A Barrales le han dado un raro caballazo judicial que podría ayudar a tumbarla de la silla que creía ir montando aunque fuera a medias, la de la candidatura a jefa del gobierno capitalino bajo las siglas de PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, ahora reconfiguradas como Frente Ciudadano por México.
La exdirigente de sobrecargos se ha aferrado a esa pretensión en términos impolíticos, apasionados.
Esa obsesión terminó cerrando el paso al ahora lánguido Ricardo Monreal, a quien el propio Miguel Ángel Mancera había ofrecido la posibilidad de ir como adversario de Morena en la lucha por la gubernatura chilanga.
Señalada de violar los estatutos de su propio partido, tal vez Barrales avizore con menos temperamento la difícil ruta electoral que le podría esperar. También tendrá que asumir que vienen nuevos tiempos en el mando perredista, donde Alternativa Democrática Nacional sigue presentando como carta de relevo al mexiquense Juan Zepeda.
Las turbulencias de temporada han alcanzado incluso a dos instituciones que deberían dar prueba imperturbable de apego a la legalidad y de respetabilidad en sus dichos y decisiones.
Consejeros del Instituto Nacional Electoral han puesto bajo la lupa crítica al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por las dos “varas distintas” utilizadas para juzgar casos similares, el de Morena, en un expediente, y el del PRI con Miguel Ángel Riquelme, adelgazados los parámetros del tribunal electoral federal al extremo de permitir que el moreirista se haya instalado en el gobierno de Coahuila gracias a que no se le aplicaron con rigor los criterios relacionados con rebase de gastos de campaña.
En el TEPJF, por su parte, culpan a la unidad de fiscalización del INE de haber elaborado de manera deficiente los señalamientos contra Riquelme, lo que habría abierto la puerta a los magistrados electorales para una valoración menor de la grave infracción priista.
Sin embargo, la postal más preocupante es la del alegre Peña Nieto que sin mayor respeto por la tal división de poderes ha aprovechado una visita a la Coahuila de los Moreira (y los Zetas) para presionar al poder legislativo a fin de que apruebe ya, a marchas forzadas, con dispensas de trámite y votos de varios partidos (previsiblemente “maiceados” con cargos y fiscalías), el proyecto de Ley de Seguridad Interior que demandan las fuerzas armadas para continuar en su tarea de contención de la violencia criminal pero, también, de otras “perturbaciones” del orden interior que podrían ser de tipo electoral o político.
Las palabras de Peña Nieto conllevan un inquietante sentido instructivo: “Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser solo valiosa para convertirse en una imperiosa necesidad.
Confío en que el Congreso de la Unión atenderá con la urgencia que se requiere esta importante iniciativa que brindará mayor certidumbre a las Fuerzas Armadas y a la sociedad mexicana”.
¿Qué significa o conlleva que el ocupante de Los Pinos haga ver a los legisladores su personal consideración de que un proyecto de ley ya es “una imperiosa necesidad”?
Y, mientras en las cámaras avanzan los arreglos entre partidos, para el reparto de fiscalías (la general de la nación, la anticorrupción y la de delitos electorales), por lo pronto eliminando el pase automático de la PGR a la FGN, ¡hasta mañana, con Veracruz convertido en un infierno de inseguridad pública peor que en tiempos de Javier Duarte de Ochoa, mientras el gobernador Yunes se aplica a preparar la campaña para que su hijo le suceda en el cargo!
