México es uno de los países que recauda menos impuestos aproximadamente el 11% del PIB, frente al 19 ó 20 de países con un desarrollo semejante al nuestro, para no hablar de los más avanzados, que recaudan 40% o más del PIB. En contraste, somos también uno de los países que más gastan en su clase política y burocrática. Algo que se supone iba cambiar con la democratización y que se mantuvo igual si no es que peor. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional Derechos Humanos son las más caras del mundo y que los sueldos y prerrogativas de su cúpula empatan o rebasan incluso a sus equivalentes en los países más ricos y desarrollados. El despilfarro es, claro, característica mexicana, así como la impunidad y la corrupción. El INE no es excepción. No es nuevo que nuestra estructura electoral sea de las más caras del mundo. En países más civilizados y ricos, la estructura electoral es ágil y austera, pues mantiene una reducida estructura que se amplía en época electoral con gente contratada temporalmente y no por ello carece del entrenamiento y el conocimiento técnico necesarios. Que nuestros burócratas de lujo no tienen la sensibilidad sobre las carencias y dificultades económicas del país, lo refleja que los consejeros electorales con excepción de algunos, exigen elevarse su salario. Por ejemplo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a nivel nacional calificó de injusto que los mexicanos sostengamos una de las democracias más onerosas del mundo y con mucha razón es urgente la aplicación de una reforma política de fondo que destrabe la esterilidad legislativa y dé nuevo dinamismo a la inacabada transición democrática. Nada mas para que nos demos una idea el año pasado, parte de los impuestos sirvió para financiar un aumento de 12% del presupuesto de la Cámara de Diputados, que asciende a más de 5 mil millones de pesos, recursos que, representan casi todo el monto del programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento urbano de una entidad grande.
