No contratar nueva deuda pública fue un compromiso de campaña que pudo terminar siendo una atadura de manos que se infringió a sí mismo el nuevo gobierno de Quintana Roo. Me lo planteo como hipótesis.
El discurso anti-deuda estaba justificado. La grosera contratación de empréstitos que realizaron los dos gobiernos anteriores colocó a la entidad entre las peores del país (en cuando a deuda por habitante). Su uso y abuso por ningún lado se reflejó en bienestar social, empleos frescos, más y mejores obras o en seguridad. Así, deuda pasó a ser sinónimo de mal gobierno.
La administración de Carlos Joaquín recibió las finanzas estatales quebradas, con una deuda inmensa en calidad de bomba de tiempo. Insostenible. Con los recursos regulares que recibe es imposible pagar y a la vez cumplir con las obligaciones mínimas de gobierno; ya no digamos realizar actividades suplementarias (también necesarias y demandadas por la ciudadanía). Al no haber posibilidades inmediatas de obtener dinero fresco lo que queda en ganar tiempo.
Por eso se optó por reestructurar la deuda de largo plazo sin contratar nueva. Al hacerlo se ampliarán los plazos de pago de 2036 hasta el año 2041 con el consiguiente incremento del monto total a pagar debido a los intereses. Y ahí está el punto clave: las deudas vigentes se contrataron con tasas de interés ¡a más del doble! de las que se ofrecen en promedio en el mercado. Mucho y carísimo. Así envenenaron el futuro.
Mi duda es si no hubiese sido más redituable contratar deuda nueva barata para desahogar la onerosa, ganar, igual, nuevos plazos pero al final pagar menos. Tal vez los números lo sugerían, no lo sé al detalle, pero se entiende que era políticamente incorrecto.
