Como “absolutamente personal”, el gobernador Carlos Joaquín calificó la decisión tomada en la elección de los miembros de su gabinete presentado el domingo pasado después de asumir el mando político en Quintana Roo.
Si entendimos bien, nadie entonces lo ayudó a escoger y, por tanto, nadie tampoco influyó en su criterio a la hora de palomear los 16 nombres que dio a conocer.
Porque digerida la primera impresión al caer el velo de misterio que encerró el secreto mejor guardado: el gabinete y sus integrantes, Carlos Joaquín se vio sujeto de pronto a críticas por el perfil y antecedentes de algunos de esos hombres y mujeres que, hoy sabemos, él personalmente seleccionó.
Cuestionado ayer en Chetumal sobre los señalamientos que se les han hecho a algunos de sus nuevos colaboradores, el gobernador respondió que la decisión de su equipo “es en este momento una decisión personal, absolutamente personal”.
Y sí, creemos que puede abrogarse todo el derecho que su investidura le permite en asumir como propia esa responsabilidad a fin de atajar rumores sobre supuestas “cuotas de poder” otorgadas a los partidos políticos que lo impulsaron, pero también consideramos que siendo emanados de su absoluta decisión, debe entonces aclarar lo que de algunos de sus secretarios se comenta para empezar a transparentar las acciones del Gobierno que ha sido, por cierto, una de sus más aplaudidas promesas.
Entendemos muy bien el trasfondo político de los embates y sabemos quiénes son los interesados en moverle el tapete a Carlos Joaquín, pero hay que reconocer que más allá de lo tendencioso del asunto existen supuestas pruebas y testimonios históricos que implican a dos o tres miembros de su gabinete en acciones que contradicen el discurso que lo llevó al poder. Y guste o no, el gobernador está obligado a aclararlo.
Dejando de lado la presunción de tempranos intentos desestabilizadores, a su secretaria de Educación, Marisol Alamilla, le “aparecieron” tres plazas que cobra en la dependencia que ahora dirige, con números y matrículas específicos, lo cual es un hecho irregular que de menos ella misma debería salir a explicar.
A la secretaria de Desarrollo Económico, Rosa Elena Lozano, la acusan de ser mala para los negocios y haber “quebrado” la concesionaria Volkswagen que tenía en Chetumal, lo cual no es impedimento legal para ocupar el cargo, aunque sí lo sería, de ser cierto, la presunta demanda en su contra de la Secretaría de Economía federal por unos fondos no justificados, que tampoco nadie ha salido a desmentir.
Y bueno, ya ni ahondamos en el tema del famoso video donde aparece recibiendo sobornos su recién nombrado secretario de Desarrollo Social e Indígena, Julián Ricalde, porque ahí sí sería difícil entender cómo se puede defender lo indefendible.
¿Tiene derecho Carlos Joaquín en decidir con quién gobierna? Sí lo tiene.
Pero también los quintanarroenses, al exigirle que cuide muy bien a quiénes son los que escoge.
