En el mundo no existe un país que pueda pasar limpio una prueba de corrupción pero hay niveles determinados por el grado de impunidad; en Suecia, por ejemplo, la viceprimera ministra Mona Sahlin tuvo que renunciar en 1995 por comprar con la tarjeta corporativa para funcionarios (Riksdag credit card) dos barras de chocolate Toblerone y haber desviado, así, 35 dólares de los recursos públicos que tenía asignados.
Suecia está entre los países menos corruptos del mundo según los índices que nos indican hasta qué grado se desvía el dinero público para aumentar, o crear, el patrimonio de algún gobernante. Quintana Roo ocupa el cuarto lugar en corrupción y el primero en impunidad a nivel nacional, lo que les ha permitido a sus gobernantes despojar de bienes a particulares y de recursos a los ciudadanos.
Un caso de escandalosa corrupción y, hasta ahora impunidad, es el documentado por Expansión sobre un grupo de funcionarios y ex funcionarios involucrados en operaciones para despojar a particulares y empresas de terrenos y hoteles en Tulum, embargar condominios en Cancún y apoderarse de departamentos de lujo para después venderlos a mitad de precio.
Esas operaciones son revisadas ahora por el SAT para identificar irregularidades fiscales en cuanto a declaraciones y pagos de impuestos; por ejemplo, los presuntos trabajadores que ganaron juicios laborales contra esos particulares y empresas a las que, obligadas a pagar millonarias indemnizaciones, les embargaron terrenos, hoteles y condominios, debieron declarar el nivel de ingresos que, según dijeron, percibían, superior a los 700 mil pesos mensuales y, además, cubrir los impuestos correspondientes.
