Carlos Arturo
Álvarez Escalera
Nuevo Sistema de Justicia Penal
(Segunda y última parte)
Otro de los beneficios de la implementación del Nuevo Sistema Penal es garantizar la reparación del daño, fomenta los medios alternativos de solución de conflictos entre las partes, logrando con ello que las partes lleguen a un acuerdo que ponga fin a dicha controversia, sin llegar a juicios largos, tediosos y desgastantes, de igual forma tiene un valor preponderante la protección a la víctima u ofendido, además de enfatizar el respeto a los derechos humanos, destacando que su principio toral en este sistema es la presunción de inocencia, base de todo estado de derecho.
La aludida reforma implica la concepción de un nuevo modelo de Justicia Penal en México que cambia la modalidad, hasta en mínimos detalles, lo cual modifica de manera radical la Procuración y Administración de la Justicia mexicana en el ámbito penal ya que el nuevo modelo de Justicia da una nueva forma de investigar, juzgar, sancionar y hasta ejecutar las penas y medidas de seguridad que se impongan a los responsables de cometer algún delito.
Ahora bien, el éxito de la implementación de dicho sistema depende de la colaboración y participación de la sociedad en su conjunto, incluyendo a las víctimas y abogados litigantes ya que en la medida en la que colaboremos y actuemos de manera conjunta y apegada a las normas lograremos que la procuración e impartición de justicia garantice que exista un eficaz combate a la delincuencia e inhiba de manera contundente las conductas delictivas de quienes optan por conducirse fuera de las normas sociales y legales de la convivencia pacífica y ordenada, dando como resultado que se incremente la confianza en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, ya que este modelo de impartición de justicia penal nace como consecuencia de la necesidad de dotar de mayor credibilidad a las instituciones encargadas de esta tarea, pues es un deber de los gobiernos buscar la instrumentación de mecanismos eficaces y eficientes capaces de transparentar la función de administrar justicia.
