No es de extrañar que todo gobernante saliente busca siempre dejar huella. No precisamente a través de sus acciones de gobierno sino propiamente en la sucesión gubernamental, desde colocar a un allegado hasta el punto de cuasi imponer a servidores públicos en los siguientes gobiernos, más aún si éstos se tratan o provienen de otra fuerza política.
Luego de la jornada electoral del 5 de junio el saldo para el PRI fue más que negativo, representó el principio de una agonía que, de no atenderse, corre riesgo de perder la Presidencia de la República en 2018. La elección está a menos de 2 años.
César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo) y Javier Duarte (Veracruz) son 3 de los 7 gobernadores que guardan mucho en común: los tres fueron derrotados el 5 de junio a manos del PAN y PRD; los tres son priístas pero además tienen grandes deudas públicas que heredarán a sus sucesores. Pero también comparten el hecho de volverse transexenales al pretender aprobar reformas y nombramientos de servidores públicos para cubrirse las espaldas: auditores superiores, fiscales generales, magistrados del tribunal superior de justicia, son algunos ejemplos. ¿Pues a qué le temen?
Lo que creo también comparten es el hecho que ninguno esperaba verse en un escenario adverso luego de las elecciones. Hoy sólo aguardan llegar a su último día de gestión cobijados por estos servidores públicos. Sin embargo, también los tres están muy preocupados porque sus sucesores los van a llevar ante la justicia. Apuesto a que los tres tomarán la misma decisión: no presentarse al acto protocolario de la entrega del mando al siguiente Ejecutivo local. Al tiempo.
