TOLUCA, Estado de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Federal, adscrito al Centro de Justicia de Guerrero con residencia en Acapulco, una pena de cinco años con cinco meses de prisión para la activista Kenia Hernández, acusada de ataques a las vías de comunicación, por protestar en una caseta.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) lamentó que la posición asumida por la dependencia en el caso de la defensora amuzga contrasta con la absolución del general Salvador Cienfuegos, señalado por presuntos nexos con el crimen organizado y enriquecimiento ilícito, lo que desde su punto de vista es una clara muestra de criminalización a la lucha por los derechos humanos.
“Mientras al general Salvador Cienfuegos, aun con los graves señalamientos de sus actos, la FGR le permitió mantener su libertad, a Kenia Hernández, esa misma FGR le ofreció recuperar su libertad solamente si se declaraba culpable de delitos que jamás cometió, y para doblegarla solicitó prisión preventiva justificada, argumentando peligrosidad social”, apuntó la organización.
José Antonio Lara, abogado de Hernández Montalván, señaló que el mismo día en que la Fiscalía determinó no ejercer acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional (14 de enero), también solicitó para Kenia una pena de cinco años y cinco meses de prisión en un penal de máxima seguridad, sin derecho a fianza, durante la formulación de la acusación con la que da inicio la etapa intermedia del proceso que se le sigue desde marzo pasado.
La Fiscalía arguye en la causa penal 322/2020 que la coordinadora del colectivo “Zapata Vive” afectó parcialmente la circulación con la toma de la caseta de cobro La Venta-Acapulco, y actuó en pandilla al estar acompañada por otros manifestantes, lo que pretende demostrar con 68 pruebas, mientras el CDHZL considera que el único delito de la activista indígena fue protestar pacíficamente.
Para el organismo, con estas determinaciones contrapuestas la Fiscalía envía a la sociedad un preocupante mensaje: “El poder es impune, la protesta es un delito”.
Por esta razón, Zeferino Ladrillero llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador; a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; al ministro presidente, Arturo Saldívar; al subsecretario Alejandro Encinas, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a reflexionar sobre el caso.
“El pueblo mexicano ha demostrado categóricamente en múltiples ocasiones su exigencia de que las prácticas del pasado de una vez por todas terminen, pero la FGR se empeña en demostrarnos que todo sigue igual”, advirtieron el CDHZL y la Red por la Libertad de Kenia.
Hernández Montalván fue detenida en octubre pasado, por tercera ocasión, en el Estado de México. Posteriormente fue trasladada al penal de Acapulco –a pesar de que fue extraída de Guerrero por el mecanismo de protección al que se encontraba sujeta, pues su vida corría peligro– y luego remitida al Centro Femenil Federal 16 de Morelos.
En su contra, el CDHZL detectó al menos seis denuncias penales desde marzo pasado, entabladas por concesionarias de autopistas y por Caminos y Puentes Federales (Capufe).
