Un tema que ha llamado mucho la atención de lo sea niveles de gobierno desde hace un par de años son los índices delictivos que han ido en aumento considerablemente; pero eso no es lo verdaderamente alarmante, sino que la gran mayoría de los ilícitos son cometidos por jóvenes y menores de edad quienes desde temprana edad están inmersos en las garras de la delincuencia causa de muchos factores, siendo el principal la falta de comunicación entre padres e hijos así como provenir de familiar disfuncionales, es decir, con problemas de alcoholismo, drogadicción o violencia. Muchos de esos jóvenes potencialmente en el camino de graduarse como delincuentes profesionales se ríen de nuestras leyes, en específico la de adolescentes, ya que al tener una serie de lagunas legales les permite continuar delinquiendo sin mayor preocupación. Hay que buscar realmente que el joven o niño que cometa algún tipo de ilícito tenga una atención especializada, y que esta le sirva para reintegrarse a la sociedad. Cuando se crea la justicia para adolescentes lo que se buscaba para los niños y jóvenes desde los 11 hasta los 17 años era precisamente lograr hacerles entender el daño que hacían con sus acciones a la sociedad y a ellos mismos, ya que perdían su libertad, esta situación al parecer está quedando rezagada y por lo tanto se tiene que adecuar la ley para que sea más funcional. La mayoría de los adolescentes que entran en conflicto con la ley son de sexo masculino, tienen de 15 a 17 años, presentan un retraso escolar de más de 4 años o han abandonado la escuela, residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales que no exigen calificación laboral, y con el producto de su actividad ayudan al sostenimiento de la familia. Viven en entornos violentos. Se trata, en definitiva, de adolescentes que viven en ambientes de desprotección, en los que por lo general varios de sus derechos se encuentran amenazados o vulnerados.
