Me preguntan de que trata el convenio de los empresarios con el gobierno federal para atender el desastroso tema de la pobreza. En el papel son puntos que tienen que ver con la generación de empleos, la creación de empresas sociales, la ayuda para la comercialización de los productos de éstas, la canalización a las mismas de acciones y recursos para generar cadenas de valor como son asistencia técnica, capacitación y acompañamiento, el reconocimiento público a las compañías que abran sus espacios laborales a grupos vulnerables.
Incluye involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en tramos de la ejecución y la visualización. Son paliativos, me dirán. Pues si, tampoco es la solución definitiva, pero no estamos para despreciar nada que ayude. Pese al crecimiento económico, la pobreza en México no cambia. Es mas, no se ha logrado disminuir en 25 años.
Sin embargo, lo que me interesa resaltar es la reacción empresarial ante el tema. Han tomado el discurso -e incluso parte de la terminología-, junto con algunas acciones que en otros tiempos eran propias de sindicatos, organizaciones civiles y partidos de oposición. Entre sectores de empresarios se ha puesto de moda hacerse catalogar y certificar como “socialmente responsables” o “socialmente incluyentes” como dice el acuerdo en cuestión.
No es la suya una motivación altruista (sin negar que exista) sino una racional preocupación (que, obvio, incluye la rentabilidad) frente a una condición social de inestabilidad, inseguridad y llena de contradicciones y desigualdades extremas que desde hace rato apuntan para estar fuera de control. Más que correctivas, están tomando medidas que se antojan precautorias.
