Redacción / Grupo Cantón
La Fiscalía confirmó la captura de la exalcaldesa de Solidaridad en Ciudad de México. La investigan por presunto daño al erario superior a 62 millones de pesos.
Ciudad de México.- FGR Oficializa; La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó la detención de Lili Campos, exalcaldesa de Solidaridad, en Ciudad de México. La investigan por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La aprehensión ocurrió mediante un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las autoridades cumplimentaron una orden judicial contra Roxana Lili “N”.
De acuerdo con las investigaciones, el caso estaría relacionado con un presunto daño superior a 62 millones de pesos al erario de Solidaridad, actualmente Playa del Carmen.
FGE Oficializa: Lili Campos detenida por contratos municipales
La Fiscalía señala que las irregularidades corresponden a contratos públicos para el lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Según las indagatorias, durante la administración de la exalcaldesa, entre 2022 y 2024, otorgaron presuntamente de manera indebida tres licitaciones públicas a un particular.
Los contratos contemplaban el servicio de lavado de las unidades municipales. Sin embargo, las autoridades detectaron inconsistencias entre la capacidad operativa de la empresa y los servicios reportados.
En ese periodo, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales tenía un parque vehicular de 123 unidades. Aun así, los registros reportaban hasta 865 lavados durante un mes, sin días de descanso.
La cifra contrasta con la plantilla laboral de la empresa contratada, que únicamente contaba con 15 empleados para realizar esos trabajos.
Fiscalía investiga pagos por más de 62 millones
Otro señalamiento corresponde a la documentación fiscal que debía respaldar los servicios contratados.
La Fiscalía informó que el prestador del servicio no contaba con los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de los primeros contratos.
Pese a esa situación, continuaron los pagos por los servicios. La suma de los recursos señalados supera los 62 millones de pesos, sin que existiera la documentación comprobatoria correspondiente.
Además, las investigaciones apuntan a posibles omisiones de servidores públicos municipales involucrados en el proceso.
De acuerdo con la Fiscalía, estos funcionarios no cumplieron con sus responsabilidades de revisión y seguimiento. Tampoco verificaron que la empresa prestara los servicios contratados ni que contara con los documentos exigidos por la ley.
Por ahora, la exalcaldesa enfrenta una investigación por su probable relación con el delito señalado. El procedimiento judicial deberá determinar las responsabilidades correspondientes.
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