Santiago Rodas / Grupo Cantón
Con arma en mano y presuntas influencias, un invasor frena desalojo en SM 51; la dueña lleva años sin poder recuperar su hogar.
Invasor armado impide desalojo en Cancún: acusan complicidad de autoridades ante toma ilegal de vivienda
Cancún.- En un caso que exhibe la vulnerabilidad de los propietarios ante la ocupación ilegal de inmuebles, una mujer denunció la imposibilidad de recuperar su domicilio ubicado en la Supermanzana 51, sobre la calle Catarina, manzana 34, lote 382, debido a que un sujeto, presuntamente un exoficial de la Secretaría de Marina Armada de México, mantiene invadida la propiedad bajo amenazas y portando un arma de fuego.
Pese a que al lugar acudieron autoridades para ejecutar un procedimiento de desalojo, entre ellos un actuario, gendarmes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito del municipio Benito Juárez, así como personal de Bienestar Animal como medida preventiva, la diligencia no pudo concretarse.
El presunto invasor, quien asegura ser un capitán de fragata retirado, habría intimidado a los presentes mostrando su arma, lo que generó temor entre los agentes municipales.
La afectada, legítima dueña de la casa, ha promovido anteriormente procedimientos legales para recuperar su vivienda, sin éxito alguno.
De acuerdo con su testimonio, el sujeto ingresó ilegalmente a la propiedad cuando ésta se encontraba temporalmente deshabitada y, desde entonces, se ha negado a retirarse. Incluso ha afirmado tener protección de autoridades estatales y federales, lo que ha obstaculizado cualquier intento legal de expulsarlo.
Los uniformados municipales han admitido que enfrentan una situación de riesgo al intentar el desalojo, pues el ocupante no sólo porta un arma, sino que también presume conexiones con altos mandos militares.
Esta presunta protección ha llevado a las autoridades locales a abstenerse de utilizar la fuerza pública, dejando en total indefensión a la denunciante.
El caso ha levantado preocupación entre ciudadanos y defensores de derechos civiles, quienes advierten sobre la peligrosa impunidad con la que algunos exfuncionarios actúan al margen de la ley.
La víctima, desesperada, ha recurrido a instancias estatales y federales solicitando una intervención real y efectiva, ya que teme por su seguridad y la de su familia.
Este hecho atenta sobre la protección legal que debería garantizarse a los propietarios ante actos de despojo violento, especialmente cuando los implicados son individuos con entrenamiento militar y posibles vínculos con estructuras de poder.
Mientras tanto, la vivienda continúa ocupada, y la justicia, una vez más, se encuentra en pausa.
