Redacción / Grupo Cantón
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió dos recomendaciones en favor de un interno que denunció haber sido torturado para obtener confesiones por dos homicidios.
Cancún.- Un agente de la Fiscalía General del Estado habría torturado a un taxista, para obligarlo a confesar un asesinato, hecho que fue confirmado por la Comisión de Derechos Humanos. Años después, este mismo elemento vuelve a torturar al mismo detenido, para obtener una segunda confesión por otro homicidio.
Desde el interior de una celda, Jesús Reynaldo Jiménez Pacheco pide ayuda a las autoridades municipales y estatales, pues él cuenta con dos recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) que confirma esta doble tortura. Pese a que los procesos que se llevan en su contra se sustentan únicamente en estas confesiones obtenidas de manera ilegal, éstos siguen vigentes.
De acuerdo a lo la información en la recomendación Cdheqroo/13/2020/II, Jesús Jiménez fue detenido por agentes de la Policía Municipal el 14 de abril de 2013 cuando circulaba en su taxi. Los uniformados lo golpearon y le preguntaron para quién trabajaba, acusándolo de un homicidio ocurrido en la zona hacía una hora, del que el acusado no tenía idea.
Los policías lo llevaron a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Cancún, en donde procedieron a meterlo en un baño. Allí, continuaron golpeándolo, además de practicarle toques eléctricos para que confesara este crimen, que el detenido insistía que desconocía.
Jesús fue llevado entonces a las oficinas de la Procuraduría de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado), en donde varios agentes ministeriales lo torturaron, asfixiándolo al colocar su cabeza en una bolsa, golpeándolo y aplicándole toques eléctricos. Finalmente, le presentaron un escrito con su confesión, sobre el que el detenido puso su huella dactilar, para poner fin a este suplicio.
CONFIRMAN TORTURA
Fue así como comenzó la estadía de este detenido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cancún, en el que continúa recluido hasta la fecha. Pasarían tres años antes de que se asesorara correctamente e interpusiera una queja con la Cdheqroo.
A pesar del tiempo transcurrido, existían registros de lo ocurrido, incluido un examen médico que señalaba que el detenido tenía moretones en el tórax, heridas en los tobillos, dolor de cabeza y dolor en la entrepierna.
Cuestionado, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública aseguro no tener información alguna de la detención de este sujeto, en tanto que el director de la Policía Ministerial negó los hechos, aunque turnó los documentos que tenía del caso.
En la revisión del expediente, figuraba la entrega del detenido por parte de la Policía Municipal, que negaba haberlo tenido bajo custodia. También se constató que el detenido no figuraba en ninguna parte de la averiguación previa, por lo que no había manera que la Procuraduría hubiera dado con él, de no haber sido turnado por la Policía Municipal.
La Cdheqroo realizó entrevistas con agentes ministeriales y con el único de los tres policías municipales que seguían en activo, además de aplicar el Protocolo de Estambul para averiguar si hubo tortura.
El 11 de noviembre de 2020, cuatro años después de haber sido ingresada la queja, fue emitida la recomendación, en donde se confirma que sí hubo tortura, además de emitir varios puntos tanto al Ayuntamiento de Benito Juárez como a la Fiscalía General del Estado.
Hasta ahora, estas recomendaciones siguen sin ser cumplidas y sin que el Congreso del Estado, la autoridad responsable en este caso, verifique este incumplimiento.
Entre las medidas que siguen sin ser atendidas está la inscripción de Jesús Jiménez en el registro estatal de víctimas, la investigación hacia los agentes torturadores y la difusión de la recomendación dentro de la Policía de Investigaciones.
SEGUNDA TORTURA
Antes de que esta víctima pudiera ingresar la anterior queja ante la Comisión de Derechos Humanos estatal, él fue trasladado de nueva cuenta a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en donde por segunda ocasión fue sometido a tortura para que confesara por otro homicidio.
Increíblemente, el mismo agente ministerial de la vez pasada fue el que encabezó este interrogatorio.
El asesinato en cuestión ocurrió dentro del Cereso, el 30 de enero de 2015, día en que los guardias descubrieron a un reo sin vida en la celda que ocupaba Jesús Jiménez y otros ocho detenidos.
Pasaron tres días antes de ser transportado a la Fiscalía General del Estado, en donde los agentes comentaron que lo meterían al “quirófano”, que era una habitación vacía, en donde le taparon la cara con su playera, y comenzaron a golpearlo, asfixiarlo con una bolsa, además de echarle salsa picante en la cara, para que confesara este nuevo homicidio.
Jesús fue regresado horas después a la cárcel, severamente golpeado, habiendo ya firmado una nueva confesión. De inmediato él solicitó atención médica.
Este hecho derivó en una nueva queja ante la Cdheqroo, cuya investigación de nueva cuenta halló irregularidades y evidencias de tortura, incluido un reporte médico efectuado en la cárcel en el que muestran que el detenido fue regresado policontundido.
La Fiscalía General del Estado no tenía registro alguno del interrogatorio del dos de febrero, sino únicamente de la ejecución de una orden de aprehensión contra Jesús, en noviembre de ese año (nueve meses después de la extracción de su confesión), aunque en la carpeta de investigación sí figuraba la confesión. En el Cereso estaba el registro de su entrega a la Fiscalía General del Estado y su regreso al penal, aquel día.
En entrevista, ninguno de los agentes que firmaron esa declaración aceptó haber estado presente ese día, uno incluso alegó que su firma fue falsificada.
En marzo de este año, casi nueve años después de los hechos, la Comisión de Derechos Humanos emitió su recomendación Chdeqroo/02/2026, en donde por segunda vez confirma que hubo uso de tortura por parte de este mismo agente de la Fiscalía. Entre las medidas, está el inicio de una investigación, atención psicológica, inscripción del quejoso en el registro estatal de víctimas, entre otras.
INCUMPLEN
Marco Antonio Canales Affona, abogado de Jesús Jiménez en materia de derechos humanos, explicó en entrevista que ya recurrió al amparo para obligar al cumplimiento de estas recomendaciones, por parte de la Fiscalía General del Estado; un recurso ya fue desechado, por lo que También han ingresado oficios ante el Congreso del Estado, pues es su labor confirmar el cumplimiento de las recomendaciones.
A través de una carta enviada desde la cárcel, Jesús Jiménez pide la intervención de la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta de la Peña, y de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, pues él continúa tras las rejas, pese a que quedó demostrado que las confesiones fueron obtenidas con tortura.
“Las dos dependencias violentaron todos mis derechos y me torturaron para que yo me incriminara”, escribe el hoy detenido. “Ya llevo 13 años encarcelado y ya demostré mi inocencia, por sobreseimiento por las dos recomendaciones por tortura y sigo encarcelado, pagando las carpetas fabricadas” (sic).
“No cierren los ojos a la verdad, no permitan que el silenciado sufrimiento de Jesús Reynaldo Jiménez Pacheco solo sea una triste nota en los registros judiciales. Este caso debiera ser un símbolo de la lucha por la justicia y un recordatorio de que nuestras instituciones deben ser guardianes de los derechos humanos y no sus verdugos”, añade.
