Roberto Lemus / Grupo Cantón
Comerciantes aseguran que pagaron entre mil 200 y mil 500 pesos por un trámite que autoridades municipales señalaron como gratuito.
Tulum.— Representantes del sector empresarial solicitaron al Ayuntamiento de Tulum investigar presuntos cobros indebidos relacionados con la conexión de cámaras de videovigilancia de establecimientos comerciales al sistema C2/C5, luego de que varios propietarios afirmaran haber realizado pagos para continuar con el trámite de sus licencias de funcionamiento.
La inquietud fue expuesta durante una reunión entre empresarios y autoridades municipales, donde algunos asistentes señalaron que les solicitaron pagos de entre mil 200 y mil 500 pesos para obtener un documento que les permitiera avanzar con el proceso administrativo.
Guillermo Fernández, uno de los empresarios presentes, explicó que los negocios instalaban las cámaras de seguridad y posteriormente gestionaban su conexión al sistema de monitoreo. Señaló que, tras concluir ese procedimiento, se les entregaba una constancia para continuar con el trámite de la licencia, aunque previamente debían cubrir una cuota.
“Nos estaban cobrando entre mil 200 y mil 500 pesos para entregar el registro que permitía seguir con el trámite de la licencia. En la reunión nos informaron que ese procedimiento es gratuito y que no debe generar ningún costo. Ahora esperamos que se investigue qué fue lo que ocurrió y quién estaba realizando esos cobros”, expresó.
Durante el encuentro, autoridades municipales aclararon que la vinculación de cámaras de videovigilancia al sistema C2/C5 es un trámite gratuito, por lo que reiteraron que no debe representar ningún costo para los contribuyentes.
Una empresaria del sector restaurantero, quien solicitó mantener su identidad en reserva, comentó que varios propietarios realizaron los pagos al considerar que eran un requisito para obtener o renovar sus licencias de funcionamiento.
Ante esta situación, representantes del sector empresarial solicitaron que se esclarezcan los hechos, se determinen posibles responsabilidades en caso de existir irregularidades y se fortalezca la difusión de los requisitos oficiales para evitar confusiones entre los contribuyentes.
