Gerardo Reynoso / Grupo Cantón
La Suprema Corte analizará dos procedimientos relacionados con la prórroga de Aguakan hasta 2053 y la suspensión judicial que permite a la empresa continuar con el servicio en cuatro municipios.
CANCÚN.— La permanencia de Aguakan en Quintana Roo vuelve a estar bajo revisión judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó intervenir en dos asuntos relacionados con la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Las resoluciones podrían incidir en la ampliación del contrato que permite a la empresa operar hasta 2053.
El Pleno del máximo tribunal aprobó el pasado 17 de noviembre ejercer la facultad de atracción en el expediente 229/2026 y reasumir competencia en el asunto 67/2025. Ambos procedimientos están relacionados con la controversia por la prórroga otorgada durante la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo.
La concesión comprende la prestación de servicios en Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Sin embargo, la decisión de la Corte no implica que Aguakan deba abandonar inmediatamente esos municipios.
La Corte analizará la suspensión que mantiene a Aguakan
Uno de los procedimientos corresponde a la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 229/2026. Mediante este asunto, los ministros revisarán el recurso relacionado con la suspensión definitiva que ha impedido ejecutar la cancelación de la ampliación de la concesión.
El análisis se centra en determinar si debe mantenerse esa medida judicial frente al decreto legislativo que dejó sin efectos la prórroga. También deberán considerarse los argumentos relacionados con el interés social, el derecho al agua y las posibles afectaciones ambientales.
El segundo procedimiento corresponde a la solicitud de reasunción de competencia 67/2025, vinculada con el amparo en revisión 311/2025. En este caso, la Corte analizará si el Congreso de Quintana Roo podía dejar sin efectos la ampliación de la concesión sin otorgar previamente el derecho de audiencia a la empresa.
El conflicto por la concesión se remonta a 2014
El origen de la disputa se encuentra en 2014, cuando se autorizó extender anticipadamente la concesión de Aguakan hasta 2053. La decisión generó cuestionamientos y, años después, derivó en una consulta ciudadana celebrada en 2022, en la que se expresó el rechazo de una parte de la población a la continuidad de la empresa.
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Posteriormente, en diciembre de 2023, el Congreso de Quintana Roo aprobó dejar sin efectos la ampliación del contrato. Sin embargo, Aguakan acudió a los tribunales federales y obtuvo medidas judiciales que frenaron la ejecución de esa determinación.
En enero de 2024, la empresa consiguió una suspensión definitiva. Esta resolución le permitió continuar con la prestación del servicio mientras avanzaba el litigio.
Aguakan impugnó la negativa de amparo
Otro momento relevante ocurrió en abril de 2025, cuando un juez federal negó el amparo promovido por la concesionaria contra la cancelación de la prórroga. La empresa impugnó esa resolución, por lo que la controversia continuó ante instancias judiciales superiores.
Ahora, con la intervención de la Suprema Corte, el máximo tribunal analizará tanto los alcances de la suspensión como la controversia de fondo sobre las facultades del Congreso estatal y el derecho de audiencia de la empresa.
La aceptación de ambos asuntos no significa que los ministros hayan dado la razón a alguna de las partes. Tampoco representa una orden para retirar de inmediato a Aguakan de Quintana Roo. Por ahora, la suspensión definitiva continúa vigente mientras se resuelven los procedimientos.
Las determinaciones que emita la SCJN serán relevantes para definir el futuro de la concesión y los alcances de las facultades de las autoridades estatales para modificar o dejar sin efectos una prórroga de un servicio público.

