La presidenta municipal ha utilizado a empresas tapatías para apoderarse de terrenos de alta plusvalía en Puerto Morelos
Cristina Escudero
Grupo Cantón
PUERTO MORELOS. Crecen las denuncias de operaciones ilícitas que lleva a cabo Laura Fernández Piña, en las que se señalan algunas instituciones como instrumentos de falsificación y duplicidad catastral y el incremento de impuestos, con las que se conforma en Puerto Morelos una red de despojos de terrenos de alta plusvalía.
Los afectados que han realizado las denuncias, señalan que en todo esto se ha involucrado también a servidores públicos del Ayuntamiento, además de la complicidad de su esposo Carlos Moyano Menchaca, quien a través de sus socios y empresas tapatías han utilizado de botín el municipio.
* Entre las denuncias se señalan algunas instituciones como instrumentos de falsificación y duplicidad catastral y el incremento de impuestos
Desde el 2017, un año después de que entrara en vigor el decreto 342 del Congreso de Quintana Roo que convirtió a Puerto Morelos en uno de los 11 municipios del estado, se comenzó a gestar la red de despojos que tiene como principal operador a Javier Rivera Bonilla, reconocido como uno de los operadores del ex gobernador del estado Félix González Canto y también uno de los principales socios de Carlos Moyano Menchaca (esposo de la actual presidenta municipal), quien también ha conseguido contratos indirectos con el gobierno de Puerto Morelos, a través de empresas de Guadalajara, Jalisco.
Laura Fernández Piña, tomó a Puerto Morelos desde el 2016 para saquearlo a través de la empresa Gajo del Sureste S. A de C.V., y para evitar problemas legales cuando salga, ha buscado la complicidad total de su jefe, el exmandatario Félix González Canto, el ecocida y gran devastador Jorge Emilio González y hacer partícipe al actual gobernador Carlos Joaquín González, para acercarse al círculo familiar, ya que es sobrina del esposo de Addy Joaquín Coldwell.
Desde que tomó la presidencia en 2016, se ha dedicado a saquearlo a través de diversas empresas fantasma
LA RAPIÑA
Los despojos iniciaron en diciembre de 2016 con Javier Rivera Bonilla, alias “El Frijol” al frente, ya que este sujeto llegó con varios hombres armados a tomar por la fuerza terrenos privados en la zona aledaña a la playa y así continuaron en febrero de 2017, fecha en la que se fortalecieron las operaciones ilícitas de invasión de terrenos con la utilización de documentos apócrifos, amenazas de muerte y colusión de servidores públicos; incluso despojaron zonas naturales protegidas y terrenos pertenecientes al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE).
En ese entonces, siendo Erick Estrella Matos, director de Catastro bajo el mando de Laura Fernández, validó que la empresa Gajo del Sureste, S.A de C.V invadiera terrenos turísticos localizados en la manzana 7, mostrando falsos registros catastrales y escrituras apócrifas que se encontraban en procesos penales y civiles avanzados.
De acuerdo a los datos publicados en el Diario Oficial de la Federación, la empresa “Gajo del Sureste, S.A. de C.V.” tiene como representante legal desde octubre del 2009 a la empresa turística “Papaya Maya S.A. de C.V.”, cuyo representante legal es Adalberto Rodríguez Quintero, propietario del parque turístico Chack Balam, sin embargo, los abogados que han operado los despojos a nombre de esa empresa, Mateo Reyes Alpuche y José Luis de la Peña Nava, muestran un acta constitutiva y documentos con el sello de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que revelan que Gajo del Sureste nace en 2015 en Tekax, Yucatán, y su representante legal es Manuel Concha.
Un dato revelador es que José Luis de la Peña Nava fue operador de Jorge Emilio González “El niño verde”, mientras fue director de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Playa del Carmen y hasta la fecha cuenta con causas penales abiertas por extorsión y despojo de esa zona.
* El despojo más reciente que ordenó la edil fue a principios de diciembre, se trata de dos predios ubicados en el primer cuadro de la ciudad
Además, la empresa invasora tiene doble documentación, pues la segunda escritura de “Gajo del Sureste, S.A. de C.V.” aparece fundada por Gabriela Polanco y Deisy Díaz, la segunda es una mujer de escasos recursos que vive en la Región 228 de Cancún, en una casa de interés social.
Cabe mencionar que una de las personas afectadas, aseguró que desde un principio todos los vecinos de Punta Brava y la costa de Puerto Morelos denunciaron los hechos en 2017 tanto al gobierno municipal como estatal, ya que entregaron en sus propias manos tanto a la presidenta municipal Laura Fernández como al gobernador Carlos Joaquín una relatoría de las investigaciones, denuncias y testimonios de la forma en que fueron despojados.
Una doctora que resultó afectada aseguró que el gobernador Carlos Joaquín les recomendó hablar con funcionarios estatales, pero sólo les dieron largas y mientras tanto, los invasores se dieron el tiempo de construir en sus terrenos sin permisos de ninguna especie.
La empresa “Gajo del Sureste, S.A. de C.V tiene doble documentación.
SAQUEO
Puerto Morelos ha tenido un crecimiento acelerado, ya que en menos de 10 años pasó de nueve mil habitantes a 37 mil 99, pasó de ser un pueblo olvidado a un municipio saqueado a través de empresas fantasmas ligadas a la presidenta municipal Laura Fernández Piña.
Tres de las empresas que han participado en el saqueo, están documentadas directamente en el Sistema Anti corrupción, ya que están ligadas a familiares y amigos directos de la alcaldesa, por lo cual se han podido obtener recursos públicos en los últimos cuatro años, para intereses particulares.
La primera empresa es la denominada la Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A. de C.V., la cual no cuenta con domicilio fiscal ante el SAT, ni ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y fue utilizada por Laura Fernández para abrir la puerta a la comercialización de 460 lotes ocupados por familias de paracaidistas; el negocio que fraguó la alcaldesa ascendió a 73 millones 600 mil pesos.
* Una de las personas afectadas, por los despojos aseguró que desde el principio se denunciaron los hechos en 2017 tanto al gobierno municipal como estatal, pero se quedaron de brazos cruzados
La segunda empresa es la reconocida como Sistema Inteligente de Administración del Sureste S.A. de C.V. por medio de ella desde su primer trienio como presidenta municipal, Laura Fernández consiguió más de cinco millones a través del concepto de manejo de vales de gasolina, ya que le otorgó un contrato de cinco millones 600 mil pesos para el control de combustible, que está registrado en el contrato MPM/OM/LRP/ADQ/001/2018, en el cual sólo mencionar el monto del acuerdo, pero no plasma como se pagará la cantidad y sobre todo en qué tiempo la autoridad debe hacerlo, dejando cabida a un evidente desvío de recursos.
Otra de las empresas que ha servido a los intereses particulares de la alcaldesa, es el otorgado a la empresa “Arrendadora y Constructora Calicun, S.A. de C.V.” propiedad de Roger Espinoza Rodríguez, quien fue secretario de Obras y Servicios Públicos de Benito Juárez y a quien le dio el contrato MPM/OM/LRF/ARR/0010/2019 para el servicio de “Arrendamiento de Camiones de 3.5 toneladas con redilas y gato hidráulico para el traslado de Sargazo hasta su destino final”, por un monto de un millón 200 mil pesos.
Puerto Morelos en menos de 10 años ha tenido un crecimiento acelerado, al pasar de nueve mil habitantes a 37 mil 99.
Uno de los despojos que recientemente ordenó Laura Fernández fue a principios de diciembre, se trata de dos predios propiedad de Antonio Marrufo Villanueva y los cuales están ubicado en el primer cuadro de la ciudad. Fue a través del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Tirso Esquivel Ávila que se giró la orden por el supuesto adeudo que tiene el propietario sobre el impuesto predial, sin embargo, el afectado reveló que tienen más de 30 años viviendo en el lugar y que constantemente eran acosados para abandonar el terreno, pero en esta ocasión se lo “arrebataron” con la ayuda de un comando de al menos 15 policías que lo sacaron “como si fuera un delincuente, pero desde hace tiempo ya querían quitarnos el terreno y ahora nos iremos a las instancias legales”.
*La red de despojos que tiene como principal operador a Javier Rivera Bonilla, conocido como uno de los operadores del exgobernador del estado Félix González Canto.
