Paloma/Grupo Cantón
Los litigios ejidales pendientes en Quintana Roo involucran a cinco ejidos que buscan indemnizaciones por terrenos donde existen zonas arqueológicas.
Chetumal.- Al menos cinco ejidos de Quintana Roo mantienen litigios ejidales con el Gobierno federal por el pago de indemnizaciones relacionadas con terrenos donde se encuentran zonas arqueológicas.
Gobierno de Quintana Roo acompaña a los ejidos
La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, explicó que el Gobierno del Estado acompaña a los representantes ejidales durante estos procesos. Su función es facilitar el diálogo con las autoridades federales y buscar acuerdos para resolver los procedimientos pendientes.
La funcionaria señaló que los ejidos cuentan con la documentación necesaria para continuar con sus gestiones.
Uno de los casos que ya avanzó corresponde al ejido relacionado con la zona arqueológica de Kohunlich. En este caso, las partes alcanzaron un acuerdo para realizar la indemnización correspondiente.
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Sabidos espera resolución por sus terrenos
Cristina Torres detalló que el ejido Sabidos también mantiene un proceso con la Federación.
Explicó que las autoridades federales reconocen la propiedad del ejido y la expropiación de los terrenos. Como parte del procedimiento, ya se realizó un tercer avalúo, el cual fue aceptado por la asamblea ejidal.
“En el caso específico de Sabidos, la Federación reconoce que es propiedad del ejido, reconoce la expropiación de los terrenos”, señaló.
La secretaria de Gobierno agregó que otros cuatro casos están relacionados con el INAH, mientras que algunos más corresponden a terrenos utilizados para carreteras.
Ejido Morocoy mantiene litigio por Dzibanché
Entre los procesos que continúan se encuentra el del ejido Morocoy, que mantiene un litigio ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por terrenos vinculados con la zona arqueológica de Dzibanché.
El Gobierno estatal continuará como intermediario entre los ejidos y las autoridades federales. Sin embargo, la Federación es la que tiene la facultad para determinar el avance y resolución de estos procedimientos.
Torres Gómez señaló que a nivel nacional existen al menos 50 litigios similares, por lo que la solución de los casos depende también de las gestiones que se realicen ante las instancias federales.
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