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6 octubre, 2022

Cancún

Degradan calificación crediticia de Quintana Roo

Esto refleja una liquidez presionada a consecuencia de la disminución en ingresos debido a la pandemia y su impacto en la economía estatal.

Jesús Vázquez

Grupo Cantón

CANCÚN.  Fitch Ratings baja la calificación crediticia de Quintana Roo ante la disminución de ingresos y la contratación de deuda a corto plazo por parte del gobierno del estado, incluso por encima de los préstamos solicitados antes de la pandemia. 

El reporte de junio de este año expone que la baja de calificación de BBB(mex) a BBB-(mex) refleja una liquidez presionada a consecuencia de la disminución en ingresos debido a la pandemia y su impacto en la economía estatal. Según Fitch Ratings la entidad ha contratado créditos de corto plazo por un monto mayor al reportado en 2019 y el pago de esa deuda tiene una elevada concentración con plazo de vencimiento en 2022.

Al cierre de 2020, el saldo de la deuda de corto plazo eran dos mil 71.9 millones aunque originalmente era por dos mil 384 millones, los cuales supuestamente se destinaron a inversión y transferencias relacionadas con la pandemia. 

Fitch Ratings refiere que de acuerdo a lo establecido por ley, las obligaciones financieras de corto plazo deben ser liquidadas totalmente a más tardar tres meses antes del cambio de administración en turno; para el caso de Quintana Roo sería en septiembre de 2022. Si bien el monto actual de obligaciones de corto plazo no tiene un riesgo elevado de incumplimiento, pues a marzo de 2021 no se han adquirido créditos nuevos de corto plazo, la contratación de créditos adicionales o un deterioro mayor en la posición de liquidez elevaría el riesgo de incumplimiento. Fitch adelanta que dará seguimiento a las políticas de endeudamiento adicional del estado.

Según la calificadora, la degradación de las finanzas estatales tiene que ver también con “métricas de deuda presionadas por el deterioro marcado en el balance operativo registrado en 2020”. La razón de repago proyectada es superior a 25 años y la cobertura real del servicio de la deuda (CRSD) es menor a 1 vez (x). La calificación integra la combinación de un puntaje de sostenibilidad de la deuda en ‘b’ y un perfil de riesgo ‘Más Débil’.

Cabe recordar que en abril de 2020 en plena crisis sanitaria por el Covid-19, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) dio a conocer que adjudicó a tres bancos el refinanciamiento y reestructura de la deuda pública de Quintana Roo.

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Los bancos ganadores de la licitación y los montos que refinanciarán son Banorte con seis mil 300 millones a 20 años; Banobras once mil 286 millones 561 mil 295 pesos a 22 años  y HSBC México con mil 150 millones de pesos a 25 años, lo cual es lo que refiere Fitch Ratings que está ejerciendo presión de pago en las finanzas estatales. 

La calificadora internacional refiere también que Quintana Roo tiene un perfil de riesgo “Más Débil”, en comparación con pares internacionales, pues existe la posibilidad elevada de que la capacidad de que el estado no pueda  cubrir el servicio de la deuda en el plazo proyectado. “Este debilitamiento podría suceder ya sea porque los ingresos sean menores a los esperados, que el gasto supere las expectativas, o por un aumento inesperado en la deuda o en requerimientos de servicio de deuda. El perfil de riesgo es producto de cuatro factores clave de riesgo (FCR) evaluados en ‘Más Débil’ y dos Rango Medio”, explica Fitch Ratings. 

Añaden que la entidad también se muestra “más débil” en su posibilidad de adaptarse a la merma de ingresos en el corto y mediano plazos, pues Quintana Roo, al igual que otros estados, tiene una recaudación local y autonomía fiscal limitada. “Esto dificulta compensar una caída en los ingresos federales mediante un esfuerzo recaudatorio mayor. Al cierre de 2020, los impuestos representaron 11.1% de los ingresos totales (promedio de 2018 a 2020: 12.9%)”.

En abril del año pasado en plena crisis sanitaria, la Sefiplan dio a conocer que adjudicó a tres bancos el refinanciamiento y reestructura de la deuda pública de la entidad.

Nueva deuda

Pese al incremento en los créditos de corto plazo, el gobierno de Carlos Joaquín González ha también incrementado la deuda de largo plazo.

Cabe recordar que en marzo de este año, el Congreso del estado aprobó el dictamen de decreto por el que se autoriza al Gobierno del Quintana Roo obtener uno o varios financiamientos, o la colocación de deuda en mecanismos bursátiles por hasta 820 millones de pesos. 

La nueva deuda compromete por 20 años el 25% de las aportaciones que recibe la entidad de la federación.

En teoría este dinero deberá ser usado para la realización de 102 obras de infraestructura estatal. El dictamen se aprobó con 16 votos a favor, tres en contra, dos ausencias y tres curules vacantes. 

La justificación

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En diciembre de 2020, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, envió esta inciativa con proyecto de decreto al Congreso del estado para contratar nueva deuda por 820 millones de pesos o su equivalente en Unidades de Inversión para obra social en comunidades rurales.

La iniciativa argumenta que la nueva deuda es fundamental “para fomentar la reactivación económica la cual consiste en detonar la inversión pública productiva mediante la potencialización de los ingresos estatales para fomentar la inversión y el empleo en forma inmediata”.

Justifica además la medida por el impacto que ha tenido  la pandemia del Covid-19 en las finanzas estatales y los gastos que tuvo que realizar el gobierno estatal para atender el proceso de reconversión hospitalaria, la adquisición de despensas así como los subsidios otorgados a ciudadanos para el pago del consumo de energía eléctrica y de gas.

Anticipa además que como efecto de la pandemia durante 2021 el Producto Interno Bruto de la entidad caerá entre 10 y 6%, acompañado de una tasa de desempleo de por lo menos 1% y como máximo de 4%. 

La iniciativa de decreto detalla uno a uno los 102 proyectos en total a los que se destinarán los recursos; entre los que se encuentran: 

Repavimentación de calles de Cozumel por un monto de 25 millones 61 mil 400 pesos; rehabilitación del campo de béisbol Rojo Gómez por cuatro millones 115 mil 700 pesos; parque emblemático de Cozumel por 20 millones de pesos; pavimentación de vialidades en Bacalar por 28 millones 968 mil 620 pesos; pavimentación de vialidades en Felipe Carrillo Puerto por 18 millones de pesos; mejoramiento de la plaza central de Isla Mujeres por siete millones 144 mil 80 pesos; rehabilitación del parques escultórico Punta Sur por ocho millones 670 mil pesos, sólo por mencionar algunos. 

También se incluye la construcción del parque de la Equidad en Cancún por un monto de 250 millones de pesos y el mejoramiento del Malecón de Chetumal por 140 millones de pesos que los hace dos de los proyectos más cuantiosos enlistados en la iniciativa.

El resto de los proyectos son en su gran mayoría rehabilitación de caminos, construcción de módulos comunitarios y pavimentación de avenidas. 

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En la iniciativa, se menciona que el monto total de los proyectos excede por mucho los 820 millones de pesos que solicitará en préstamo el gobierno del estado, por lo que será decisión de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) determinar aquellos de mayor prioridad para asignarles recursos. 

A ello se suma que al finalizar de 2020, la Sefiplan reportó que  la deuda bruta total de Quintana Roo ascendió a 18,949 millones de pesos, por lo que con los 820 millones que le autorizó el Congreso al gobernador, la deuda incrementó hasta los 19,769 millones de pesos.

Además, en el último reporte de 2020, los indicadores del sistema de alertas para las entidades financieras de la  Secretaría de Hacienda situó al estado de Quintana Roo con un 158.8% de la deuda sobre ingresos de libre disposición con semáforo amarillo y en segundo lugar nacional en el nivel de endeudamiento, en el 15.2% de servicio de deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición, siendo el estado con el mayor índice y el único que en ese momento se encontraba en semáforo rojo en este indicador y con el 11.1% en obligaciones de corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales.

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