Redacción / Grupo Cantón
Las propuestas plantean consultar el registro de deudores alimentarios antes del matrimonio, garantizar programas de salud mental para servidores públicos y actualizar leyes estatales.
CHETUMAL.— La Legislatura de la Justicia Social recibió cuatro iniciativas para su análisis. Las propuestas buscan proteger a la niñez y mejorar la atención a la salud mental del personal público.
También plantean reforzar la seguridad en los procesos penales. Además, buscan actualizar las leyes estatales sobre transparencia y anticorrupción.
Durante la sesión ordinaria número 20 del Congreso del Pueblo, los diputados dieron lectura a las propuestas. Una de ellas, presentada por Hugo Alday Nieto, aborda el derecho familiar y la protección de la infancia.
Plantean consultar el registro de deudores alimentarios
La iniciativa propone que la persona titular de la Oficialía del Registro Civil consulte el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Esta revisión se realizaría cuando alguien solicite contraer matrimonio.
La consulta tendría un fin informativo. Es decir, busca que las personas conozcan esa situación antes de casarse.
Además, la propuesta aclara que aparecer en ese registro no impedirá celebrar el matrimonio. El objetivo es fortalecer el consentimiento libre e informado de quienes desean contraer la unión.
Proponen atención permanente a la salud mental del personal público
Por otra parte, el diputado Rubén Carrillo Buenfil presentó una iniciativa para atender la salud mental de los trabajadores públicos.
El legislador propone reformar el artículo 49 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados.
El proyecto busca que las instituciones impartan cursos y programas permanentes. Estas acciones incluirían información, orientación y atención a la salud mental y ocupacional.
Asimismo, plantea mantener estos programas de forma continua. Así, la atención no dependería de los cambios de administración.
Buscan aumentar penas por amenazas en procesos penales y escuelas
Durante la misma sesión, la diputada Silvia Dzul Sánchez presentó otra iniciativa. La propuesta plantea cambios al artículo 123 del Código Penal del Estado.
El proyecto busca aumentar hasta en una mitad la pena por amenazas contra jueces, fiscales, defensores, víctimas o testigos. La medida aplicaría cuando alguien busque impedir o condicionar su participación en un proceso penal.
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Además, plantea aplicar el mismo aumento cuando estudiantes, tutores o familiares amenacen al personal de una escuela. Esto ocurriría si las amenazas se relacionan con las funciones de docentes, directivos o trabajadores administrativos.
Proponen actualizar leyes anticorrupción y de archivos
Finalmente, el Congreso recibió una iniciativa para actualizar varias leyes estatales. Entre ellas están la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas.
También incluye la Ley de Presupuesto y Gasto Público y la Ley de Archivos del Estado.
El proyecto propone cambiar el nombre de la antigua Secretaría de la Contraloría del Estado por el de Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Con esta modificación, las leyes tendrían la denominación institucional vigente. Además, se actualizarían las referencias sobre investigación de faltas administrativas, auditorías del gasto público y coordinación en materia de archivos.
La propuesta no plantea modificar las atribuciones principales de las dependencias.
Las cuatro iniciativas fueron turnadas a las comisiones correspondientes. Ahí los legisladores revisarán su contenido y elaborarán los dictámenes.
Posteriormente, el Congreso podrá discutirlas y votar si las aprueba. Por ahora, ninguna de estas propuestas ha concluido su proceso legislativo.
