A un mes del 9N, víctimas denuncian que siguen en el desamparo y los agresores sin castigo; Carlos Joaquín sigue en cacería de opositores. Ayer arrestaron a Lorena Moreno.
Licety Díaz
grupo cantón
Cancún A un mes de los hechos del 9N donde manifestantes que exigían justicia por Alexis y el incremento de feminicidios en el estado fueron dispersados a disparos y golpes de la explanada de la Plaza de la Reforma, frente al Ayuntamiento de Benito Juárez, tras los hechos la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó el abuso del uso de la fuerza y el uso de armas de fuego para dispersar la manifestación de feministas en Cancún, y urgió a las autoridades a investigar la cadena de mando y esclarecer los ataques contra manifestantes especialmente contra periodistas, pues al parecer dichos ataques no fueron incidentales.
Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU en México condenó el uso excesivo de la fuerza y de armas por parte de policías municipales de Cancún, Quintana Roo.
“Es esencial investigar el operativo, dado que las autoridades civiles dieron a conocer que habían girado instrucciones explícitas de no agresiones y no usar armas en la marcha. Las agresiones contra periodistas, cuya labor resulta esencial para una sociedad libre, democrática y plural deben también ser investigadas. Resulta muy preocupante el elevado número de periodistas lesionados durante estos hechos”, indicó parte del comunicado.
Agregaron que la ONU se solidariza con las personas lesionadas durante la manifestación o que fueron detenidas arbitrariamente y llama a las autoridades al pronto esclarecimiento de estos rechazables actos violentos. Finalmente, expresa su solidaridad con las familias de las mujeres y niñas víctimas de feminicidios en el estado.
Durante una rueda de prensa realizada ayer por la tarde en la explanada del Ayuntamiento de Benito Juárez, Julián Ramírez, director del Colegio Kukulkán y una de las víctimas de aquel fatídica noche, manifestó que hasta el momento existe impunidad en el caso ya que la denuncia no procedió, pues son las mismas autoridades quienes ponen las trabas para la entrega de evidencias que pudieran ayudar a dar con los responsables de la represión.
De izquierda a derecha, Javier Sotelo, abogado defensor; Cecilia Solís y Roberto Becerril, ambos periodistas lesionados durante la represión del 9N.
LA OTRA CARA DE LA
MONEDA
A un mes de los sucesos de la manifestación del 9N, se ha visto una ausencia de la autoridad en el acompañamiento de los casos de los reporteros agredidos, no hay voluntad política, aunque dice que la carpeta se está integrando a pasos agigantados y que esta semana ya debe ser consignado el expediente a algún juzgado, sin embargo, no van a saber quien dio la orden, quien los lastimó, porque para el nuevo sistema pena no hay un señalamiento directo, además de que no hay evidencia como los casquillos, la ojivas y tampoco se tomó muestras tras los sucesos en la Plaza de la Reforma frente al Ayuntamiento de Benito Juárez.
Así lo dio a conocer Cecilia Solís una de las reporteras lesionadas, añadió que tienen puesta otra denuncia en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio del derecho a la información y hasta la fechas lo que ellos han solicitado no se les ha entregado, clara evidencia de que no quieren que se esclarezca nada.
En total son 13 del medio agredidos que han denunciado antes los Derechos Humanos de Quintana Roo y 8 en la Fiscalía General del Estado, por los delitos de lesiones, abuso de autoridad e intento de homicidio.
“Se están cubriendo entre ellos mismos, los coordinadores que esa noche estaban ya fueron cambiados a otros municipios, se han lavado las manos diciendo que Capella no estaba en Cancún, pero su responsabilidad no lo exime porque era el responsable del Mando Único, no pueden dejar de un lado al estado y echarle sólo la culpa a los municipales yo vi elementos de ambos corporativos, como también vi a los de la Guardia Nacional”, comentó la reportera que recibió un disparo en el muslo de entrada por salida, pero que tuvo daños en tejidos y arterias y aún le quedan dos semanas más de recuperación.
Se han llevado las evidencias, el expediente lo están trabajando y mucho, hasta ahora lo tiene Asuntos Internos para entregarlo al juzgado, pero de todas maneras no va haber una justicia como debería, no hay una cooperación por parte de las autoridades
Supuestamente le asignaron un abogado del Centro de Atención Integral a Víctimas de Quintana Roo el día que comparecieron estaba en la FGE sin decir nada y al pasar dos semanas al ver que no habían hecho nada en el expediente, las víctimas cambiaron de abogado penal.
El Ayuntamiento no entregó los videos de la Plaza, tampoco los de la avenida Tulum, se han estado tirando la bolita entre el gobierno estatal y el Ayuntamiento de Benito Juárez.
Roberto Becerril Gómez, otro de los reporteros lesionados que recibió un balazo también en el muslo, pero no corrió con la misma suerte, pues se quedó alojada en su pierna y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente señaló: “a mi me dieron apoyo del gobierno del estado, pero el Ayuntamiento ningún tipo de contacto y lo que esperamos de todo esto es que no se vuelva a repetir esto, cuando salga de mi recuperación voy a tener que recibir terapia psicológica porque salgo a la calle y me siento vulnerable, estoy dañado”.
DESDE EL PUNTO DE VISTA PENAL
No hay verdaderos abogados penalistas en el estado porque no hay recursos, hay falta del voluntad del gobierno, lo único que podemos hacer es irnos directo a la reparación del daño porque en cuanto a los policías hay obstrucción de justicia, dijo Javier Sotelo Nava, abogado de los periodistas.
“Están llenando de papeles el caso para que sea imposible una investigación a fondo y leerlo, es la costumbre, los policías todos se negaron a declarar, a menos que uno de los responsable salga con valor a decir que disparó en ese momento se va a empezar a hacer justicia, mientras no”, indicó.
Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal dice que nadie debe ser obligado a declarar en su contra y ellos están apelando que los perjudica penalmente porque obstruyen, el objeto del proceso penal es primero es esclarecer los hechos y la autoridad municipal y estatal se está negando a hacerlo, en segundo lugar es que el culpable no quede impune y están generando impunidad en los altos mandos, en Derechos Humanos protegieron al gobierno del estado, tercero proteger al inocente.
Toda la sociedad debe combatir la sociedad, hay que cambiar toda la policía y los políticos están demostrando que no sirve.
En el aspecto penal solo estamos como observadores porque estamos consciente que no van a lograr una correcta investigación, ni tienen personal, ni tienen equipo para hacerlo.
El Tribunal de Justicia Administrativa tienen acreditado que hubo una falta de responsabilidad por parte de Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo y Mara Lezama por sus conductas omisivas, no porque hicieron, sino porque dejaron de hacer, tenían la obligación de vigilar a los cuerpos policíacos que cuidaran a la ciudadanía, son garantes de la seguridad pública, omitieron vigilarlos y eso es su responsabilidad y en base a ello estamos reclamando la reparación del daño a cada una de las víctimas.
Por último, señaló que se debe trabajar para que desaparezca esta policía porque lo que han demostrado es que se cuenta con policías de carrera criminal porque están viendo por ellos mismos y por sus mandos, no por la protección de la ciudadanía, van a promover una carrera universitaria de policía, pues la Academia se ha demostrado que no sirve.
DATOS
Las víctimas de aquel día aseguran que hasta el momento no han recibido ningún tipo de apoyo
Ya se les ha hecho a más de 70 policías las pruebas para ver si tenían pólvora en las manos y la mayoría salió positivo, pero como no hubo resguardo de evidencia, no hay pruebas
Alguna de las víctimas recibieron apoyo las dos primeras semanas después de los sucesos, luego los abandonaron
