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15 junio, 2024

Chetumal

Demandan transparencia al gobierno actual

Buscan una ley vanguardista en la materia, como la de otros estados.

CANCÚN, Q. ROO.- La transparencia es una de las demandas principales al gobierno de Carlos Joaquín González ante la opacidad vivida por cinco años. El sector privado empezará a trabajar en la elaboración del reglamento para la ley de transparencia aprobada en mayo pasado, mientras que otras organizaciones civiles buscarán modificarla para contar con una ley de vanguardia.

“Seré enfático: Nada ni nadie estaremos por encima de la ley”… “Que se oiga fuerte y claro: Mi compromiso con un gobierno honesto y transparente es absoluto”, aseguró el gobernador Joaquín González en su toma de protesta el pasado 25 de septiembre.

Del 2011 al 30 de septiembre de 2016, no hubo transparencia, sino “obscuridad”, así califica el empresario e integrante de Ciudadanos por la Transparencia (Citra), Juan Ignacio Athié Lambarry a la administración del exgobernador, Roberto Borge Angulo.

Y en esto coincide la presidenta de la organización civil “Somos tus ojos, Transparencia por Quintana Roo”, Fabiola Cortés Miranda, quien señala que a nivel nacional el estado ocupó el último lugar en transparencia y las Unidades de Transparencia como el Instituto de Transparencia, lejos de ser independientes estuvieron sometidos a los designios del gobernador Borge Angulo.

Para ejemplo un botón, el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2015, elaborado por el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCI), ubicó al estado en el lugar 32 en transparencia presupuestal. De los 10 criterios que analiza el IMCO, Quintana Roo sólo cumplió con el 50% de éstos.

Es decir, no había posibilidad de conocer los recursos otorgados para plazas y sueldos de funcionarios de la administración estatal, la situación de la deuda pública y las condiciones en que fue contratada así como los gastos en materia de comunicación social y programas.

De ahí que la transparencia sea el instrumento clave para combatir la corrupción y permita a los ciudadanos conocer qué hace el gobierno con el presupuesto público.

“El Instituto de Transparencia, que en teoría es un órgano autónomo del Gobierno del Estado, sirvió a los intereses del exgobernador Roberto Borge; las unidades de transparencia locales, tanto las de las oficinas del Poder Ejecutivo como las municipales, todas tenían una línea de total opacidad, ni siquiera se cumplía con el mínimo de la información pública obligatoria, que debía estar en cada uno de los sitios de internet”, aseguró Cortés Miranda.

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Este mínimo, que está establecido en la Ley General de Transparencia federal como en la Ley de Transparencia de Quintana Roo, contempla digitalizar y poner a disposición de cualquier persona todos los convenios realizados por la administración estatal, que incluía convenios de obra pública, prestación de servicios, como los convenios entre el gobierno y los medios de comunicación, que dijo han sido los más polémicos –por los altos montos asignados-, entre otros.

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Información reservada en caso de que:

  • Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable
  • Menoscabe, entorpezca u obstaculice la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales
  • Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física
  • Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones
  • Obstruya la prevención o persecución de los delitos
  • Contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada
  • Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa
  • Afecte los derechos del debido proceso

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Un paso a la vez

Cortés Miranda, periodista y abogada, agrega que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Quintana Roo publicada el 3 de mayo pasado representa más que un avance, un retroceso.

La Ley General de Transparencia federal, explicó es el piso mínimo a cumplir y a partir de ésta, “hacia arriba, todo” a fin de lograr una ley vanguardista como la de Coahuila que establece como sanción la separación del cargo de manera temporal y sin goce de sueldo a quien no entregue las solicitudes de información a los ciudadanos; y si reincide, el castigo es la separación definitiva del puesto.

Este tipo de sanción ya ha sido aplicada en Guadalajara. Mientras que Quintana Roo se negó a transitar por el camino de la transparencia. Recuerda Cortés Miranda que durante la administración pasada solicitó información y se la negaron, lo que originó presentara un recurso de revisión que demoró dos años. De los datos liberados pudo documentarse el desvío del Impuesto al Hospedaje y la venta irregular de predios municipales, lo que sirvió de fundamento para presentar en forma posterior una denuncia.

Consideró necesario presentar una nueva iniciativa en materia de transparencia al Congreso local aprovechando que ahora el control está en manos del PAN-PRD, porque en la anterior legislatura dominada por el PRI-Verde, la primera iniciativa presentada fue desechada.

En tanto, otra asociación, conformada por empresarios, Citra está trabajando con estudiantes de las escuelas públicas y privadas de La Salle, Anáhuac, Universidad del Sur y la Universidad del Caribe a fin de elaborar una propuesta de reglamento de la ley actual, que no ha entrado en vigor porque no está listo dicho reglamento.

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La presidenta de Citra, Cynthia Dehesa Guzmán, añade que la actual ley establece que cada secretaría del gobierno estatal deberá contar con una unidad de transparencia. Y durante los acercamientos con el secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo, han planteado la necesidad de crear una unidad que permita ayudar a crear a las otras unidades de transparencia así como brindar capacitación.

En la ley vigente estableció un plazo de tres meses para que las unidades empezaran a operar, que dijo era difícil de cumplir porque después inició el proceso de transición.

Reconoce que la creación de un gobierno abierto no ocurre de la noche a la mañana, pero tampoco es una labor imposible y espera que a fin de año ya comiencen a funcionar dichas unidades a fin de ir creando un gobierno abierto, transparente que no dé lugar a la corrupción. Y en el que se podrá llegar hasta donde quiera el actual gobernador, Carlos Joaquín, añade Cortés Miranda. (Redacción / QUINTANA ROO HOY)

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