Paloma Wong/Grupo Cantón
Los promoventes esperan una resolución que obligue a la empresa a realizar adecuaciones; de lo contrario, contemplan recurrir a un juicio de amparo.
Chetumal.- La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) mantiene en análisis la queja presentada contra Cinépolis Plaza Las Américas, en Chetumal, por presuntas violaciones al derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad.
Arnold Stivens, abogado promotor de la denuncia, informó que el expediente ya fue admitido formalmente por el organismo federal, por lo que en cualquier momento podría emitirse una resolución que determine si existieron actos de discriminación y, en su caso, establezca las medidas que deberá cumplir la empresa.
La queja se originó debido a que, presuntamente, la sucursal inhabilitó de forma permanente el elevador, además de restringir espacios destinados para personas con discapacidad y ubicar los lugares para personas con movilidad reducida y adultos mayores únicamente en la primera fila de las salas, situación que, según los denunciantes, limita el acceso en igualdad de condiciones a los servicios del complejo cinematográfico.
El abogado explicó que la estrategia legal comenzó por la vía administrativa y no jurisdiccional, con el objetivo de obtener una resolución oficial que pueda convertirse en un acto reclamado en caso de que la empresa incumpla las recomendaciones o lineamientos que emita la CONAPRED.
En caso de que Cinépolis no acate las disposiciones que pudiera emitir la autoridad o rechace realizar las adecuaciones necesarias, los promoventes contemplan interponer un juicio de amparo o acudir a otras instancias legales para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad.
“Estamos siguiendo el procedimiento correcto para generar un acto reclamado. Es evidente la presunta discriminación y la falta de accesibilidad, por lo que buscamos una resolución formal que nos permita acudir a otras instancias si la empresa mantiene su negativa”, señaló Arnold Stivens.
El caso comenzó a documentarse desde marzo pasado, cuando una persona con discapacidad motriz presentó una denuncia por considerar que las condiciones del inmueble vulneraban su derecho al acceso a la recreación, el entretenimiento y la igualdad de oportunidades.
Ahora, los promoventes permanecen a la espera del pronunciamiento de la CONAPRED, cuya resolución podría sentar un precedente sobre la obligación de garantizar espacios accesibles en establecimientos de uso público.
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