CHETUMAL, Q. Roo.- Corrupción, desvío de recursos, despojo y daño patrimonial, así como excesos y represión, fueron las características de la administración que encabezó Roberto Borge Angulo.
Eso derivó en denuncias contra el ex gobernador de Quintana Roo y varios de sus ex colaboradores. Aunque hasta ahora sólo se han liberado órdenes de aprehensión en contra de algunos funcionarios.
En el caso de Borge Angulo, enfrenta seis denuncias: cuatro ante la Procuraduría General de la República (PGR) y dos ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Una denuncia se funda por la venta irregular del 11 por ciento del patrimonio de la entidad, equivalentes a nueve mil 500 hectáreas, a familiares y amigos, a menos del uno por ciento de su valor real.
Los beneficiarios fueron la mamá del ex gobernador Rosa Yolanda Angulo Castilla, María Lourdes Pinedo Nieto, Edgar Manuel Méndez Montoya y Celso González Hermosillo y Melgarejo, este último asesor de la familia, pero en realidad fue quien en 1994 sacó de la cárcel a Roberto Borge Martín, y fue detenido por fraude.
La enajenación fue realizada mediante el apoyo de la directora del IPAE, Claudia Romanillos Villanueva, la cual depreció el valor comercial de los terrenos, de este modo facilitó la compra venta a través de Estemar del Caribe S. A. de C. V., Inmobiliaria Cigarra S. A. de C. V., y Desarrollo Xcaret y Protección a la Tortuga S. A.
La segunda denuncia es por presunto desvío de recursos federales, sobre todo de programas de beneficio social, hasta por 300 millones de pesos, con fines electorales.
Esta acción derivó -por citar un ejemplo- en la destitución de Karla Blanca Pizaña de la Gerencia Estatal de Liconsa, la cual no aprobó las últimas dos auditorías, pues a través de Eliezer Villanueva Lanz ejecutó los recursos y no fueron subsanados.
La tercera es por despojo de inmuebles a particulares con apoyo de autoridades federales y estatales, en tanto que la cuarta por encubrimiento de falsificación de documentos y usurpación de funciones, así como uso indebido de funciones y enriquecimiento ilícito, pues existen dos mil millones de pesos de procedencia ilícita.
En esto destacan los departamentos Maioris Tower embargados con apoyo de funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y abogados que se hicieron pasar por trabajadores o representantes de empresas inexistentes.
La detención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, anticipa lo que puede venir para Borge Angulo, pues se trata de los mismos delitos, confirmó el secretario de Gobierno, Francisco López Mena.
“No sabemos si será el próximo (en ser detenido), pero el Gobierno Federal ha mostrado compromiso en sancionar la impunidad y corrupción generada por varios ex gobernadores del país”, señaló.
Prueba de ello es que en su momento la PGR incautó los bienes que habían pasado a poder de la mamá del ex gobernador de Quintana Roo.
Inclusive, ambos gobernadores se les vincula por negocios realizados a través de empresas fantasmas para adjudicarse por lo menos 80 millones de pesos por mes.
Para tal fin crearon las empresas Aviomar; Construcciones y Desarrollos Padrín; Comercializadora Edme; Playa Rent Caribe y; Edificación y Señalización del Sureste, que ahora no aparecen. (Herlindo Vázquez / QUINTANA ROO HOY)
