Redacción / Grupo Cantón
“El organismo cuenta con la capacidad técnica, operativa y legal para tomar el control inmediato del sistema”
CANCÚN.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) afirmó estar preparada para asumir la operación del servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, una vez que se resuelva el litigio judicial que busca revocar de forma definitiva la concesión a Aguakan, empresa privada que ha operado el servicio desde 1993.
El director general de CAPA, Hugo Garza Sáenz, aseguró que el organismo cuenta con la capacidad técnica, operativa y legal para tomar el control inmediato del sistema una vez que se emita una resolución judicial firme.
“Toda la infraestructura es propiedad del gobierno del estado… estamos listos para operar sin que se detenga el servicio”, declaró, destacando que incluso se planea conservar al personal técnico de Aguakan para garantizar la continuidad operativa.
Estas declaraciones se producen después de que el Juzgado Octavo de Distrito validara la decisión del Congreso de Quintana Roo de anular la ampliación anticipada de la concesión otorgada en 2014, que pretendía extender la operación de Aguakan hasta 2053.
Legalmente, la concesión habría finalizado en diciembre de 2023, pero la empresa interpuso un recurso de revisión que actualmente se encuentra bajo análisis en un Tribunal Colegiado.
Aunque CAPA ya tiene presencia institucional y operativa en los municipios involucrados como autoridad reguladora y evaluadora de proyectos inmobiliarios, el reto que enfrenta no es menor. La Riviera Maya y Cancún, es una región con alta presión urbana y turística, donde las deficiencias en el servicio hídrico han sido motivo de constantes reclamos ciudadanos.
Las críticas hacia Aguakan han sido constantes a lo largo de las décadas: falta de inversión en infraestructura, deficiente manejo de plantas de tratamiento, interrupciones frecuentes del servicio, sobrecobros, cortes arbitrarios y cobros irregulares.
Esta situación alimentó el respaldo social y político para revocar la concesión. No obstante, la pregunta sigue abierta: ¿será CAPA una alternativa eficiente o reproducirá los mismos errores bajo una administración pública?
Garza insiste en que la infraestructura actual, propiedad del estado, permite una transición rápida, y que CAPA está preparada para asumir el servicio como ya lo hace en otros municipios de Quintana Roo.
Pero el éxito no dependerá únicamente de capacidad técnica, sino de una gestión transparente, con inversión suficiente y supervisión constante.
En un contexto donde la ciudadanía exige resultados inmediatos y donde el sistema de agua es un servicio esencial para el desarrollo y la salud pública, la responsabilidad no será menor.
El discurso oficial asegura que CAPA está lista, aunque también hay muchas quejas por el mal servicio que ofrece en los siete municipios donde tiene presencia.
