Rocío Villalobos
CANCÚN, Q. Roo
Algunas de las casas despojadas en Villas del Arte, les fue colocado un sello apócrifo de la Procuraduría de Justicia (cuando actualmente se le denomina Fiscalía) de un supuesto aseguramiento de las viviendas.
Al investigar el número de expediente se pudo comprobar que se trata de un juicio de la mesa de adolescentes y no de delitos patrimoniales.
Las abogadas Mónica Sánchez, Karina y Claudia Cocom Trujillo explican que sus clientes detenidos y despojados de Villas del Arte, en su momento realizaron el trámite de compra de las viviendas ante la constructora Acbir (ó Tertius) a la que entregaron un anticipo.
Poco tiempo después se cambia de nombre y luego se declara en quiebra la constructora, quedando al aire el anticipo pagado de sus casas, no hubo quien respondiera por los mismos y lo único que los ampara es el documento de pago.
“No se trata de invasores, se trata de gente que se cansó de dar vueltas para que les devolvieran su anticipo. Lo siguiente es continuar el proceso de compra iniciado.
El desalojo o despojo, como lo califican las abogadas litigantes, que se realizó el pasado lunes fue completamente ilegal (al menos en el caso de sus representados) ya que la supuesta parte afectada, la constructora en quiebra, no pudo haber denunciado, ya que existe un proceso de compra de las mismas, por lo tanto la actuación de la policía y autoridades municipales no fue en el marco de la legalidad, ya que para poder actuar se requiere de un juicio de parte de los dueños, y los dueños son la misma gente que lo único que hizo fue tomar posesión de sus viviendas en las condiciones actuales en las que se encuentran.
Las personas que accedieron a salir por su propio pie, no pudieron demostrar la legal propiedad del inmueble; es decir, esos sí son invasores que aprovecharon el momento, contrario a los 10 representados que justamente se negaban a salir, pese a que mostraron a las autoridades los papeles que los avala.
Las abogadas dicen que luego del despojo y detención de las personas, las autoridades colocaron sellos en las puertas de las casas de presunto aseguramiento de las mismas y de un supuesto juicio legal, el cual resulta ser falso, ya que la Procuraduría General de Justicia no existe como tal, actualmente se le conoce como Fiscalía, y el número de expediente por el cual supuestamente se resguardan las casas corresponden a un caso que se ventila en la mesa de atención de Menores.
