RAFAEL SANTIAGO
GRUPO CANTÓN
CHETUMAL.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno andresmanuelista, denunció que en las elecciones de Quintana Roo del 2016, en las que resultó electo el Carlos Manuel Joaquín González como gobernador, circularon millones de dólares a través de depósitos que la empresa Brasileña realizó al extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
No hay que olvidar que Joaquín González fue subsecretario de Turismo en el sexenio de Peña Nieto y su medio hermano, Pedro Joaquín Coldwell, era el secretario de energía y gran promotor de la Reforma Energética, por lo que es de suponer que estuvieran en la primera fila de las reparticiones de recursos y candidaturas. Hasta el junior del ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Delbouis alcanzó parte de esos oleajes, ya que actualmente es presidente municipal de Cozumel.
No fueron los únicos beneficiados, ya que el derroche de dinero inició desde el 2010, aceitando la maquinaria electoral del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) y partiditos satélites, para abrir camino a la Reforma Energética, y culminó en 2016, debido a los escándalos internacionales que se generaron después de que se destapara la trama de corrupción.
ACTOS ILEGALES
Varios de los implicados, han hecho circular la versión de que el delito electoral por las elecciones presidenciales de 2012 ya prescribió, pero no así los actos ilegales cometidos en 2015 y 2016, asegura el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Incluso considera que por las elecciones del 2012 todavía se puede juzgar a los peñistas por cohecho.
Los delitos electorales en las elecciones de 2014-2016, prescribirían hasta 2026, y aunque usaron mucho dinero en efectivo para evitar el rastreo, al tener el hilo de las transferencias monetarias a esas campañas se tiene pista de todos los responsables, según lo que ha escrito Santiago Nieto, actual titular de la dependencia que investiga los sospechosos movimientos financieros.
Los involucrados habían festejado que esos delitos habían prescito después de que Luz María Ortega Tlapa, juez octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en CDMX, otorgara el 30 de noviembre, el ampro indirecto 702/2018 RCBA, promovido por conducto del abogado Javier Coello Trejo, contra los actos del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular del Núcleo “D” FEPADE en la Ciudad de México, de la Procuraduría General de la República y otra autoridad, pero poco les duró el gusto, porque fue ella misma, la que negó el amparo para eventos posteriores a 2012. Así que muchos huelen a cárcel.
Los blanquiazules de Quintana Roo realizaron todo tipo de corruptelas en contubernio con el gobierno de Peña Nieto, pero que entre otros también participaron la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional Electoral (INE), este último ya desde entonces encabezado por el consejero electoral Lorenzo Córdova.
SE ENTREGRÓ DINERO
Con dinero producto de actos de corrupción de la empresa Brasileña y Pemex, se entregó dinero a la campaña del ahora gobernador Carlos Joaquín González, como pago del apoyo que el Partido Acción Nacional (PAN) dio a la aprobación de la Reforma Energética y con ello entregar los recursos de los mexicanos a trasnacionales de países extranjeros, lo que muchos califican como traición a la patria.
En el 2015 el PRI había arrasado en las elecciones para diputados y había que darle oxígeno a los panistas y de paso frenar el paso de triunfador que traía como dirigente nacional tricolor, Manlio Fabio Beltrones, que con otro éxito aseguraba su candidatura a la Presidencia de la República.
Por ello el coordinador priista de la campaña por la gubernatura, Manuel Andrade Díaz, se la pasó comiendo, bebiendo trago y fumando puros entre bellas damas, en el bar Bandoneón de la calle Bonampak, en Cancún.
Vale recordar que en plena campaña de Carlos Joaquín, se detuvo a una camioneta de legisladores federales panistas, cargada con millones de pesos en billetes de 200 y 500, el vehículo detenido con toda su “mercancía”, se llevó a las instalaciones de la PGR y ahí se disolvió toda evidencia.
El dinero era tanto que días después de las elecciones del 5 de junio de 2016 se decomisaron en el aeropuerto varias maletas repletas de dinero que eran devueltas a la ciudad de México por una falsa empresa de valores que dio un domicilio inexistente. La investigación en ambos casos se detuvo misteriosamente.
SOBORNOS
La danza de los millones que Odebrecht manejaba para sobornar a panistas y priistas a cambio de contratos en proyectos petroleros, eran aterrizados a través de Emilio Lozoya, titular de Pemex de 2012 a 2016. Se hacían todo tipo de triangulaciones por medio de varios esquemas.
El que Santiago Nieto destaca es que se depositaban los dólares desde una cuenta en Suiza a una empresa en las Islas Vírgenes, relacionada con otras firmas en México y en las Islas Caimán.
De ahí realizaban varios depósitos a varias cuentas con el fin intentar difuminar toda evidencia acerca de la ruta del dinero, por eso utilizaban mucho efectivo y camionetas llenas de dinero llegaban a las mapacheras del blanquiazul y tricolor, desde donde repartían también a los pequeños partidos aliados y serviles como el Partido de la Revolución Democrática.
Un ejemplo conocido ahora en el proceso que se lleva contra Lozoya, se refiere a que entre abril y noviembre de 2012, recibió 4 millones de dólares de parte de Luis Alberto Meneses, director de Odebrecht en México.
Los depósitos se hicieran en Latin American Asia Capital Holding, empresa offshore con sede en las Islas Vírgenes, desde donde se realizaban depósitos a otra cuenta a nombre de Innovation-Research.
Y no hay que olvidar que Odebrecht era una de tantas empresas transnacionales que daban dinero a políticos, para aceitar reformas que beneficiaran al capital transnacional, y en el caso de México, para que se perdiera el dominio de la nación sobre el petróleo.
El titular de la UIF subraya que el problema del fraude no solamente está en la emisión del voto, “el problema no está en las casillas ni en las urnas, radica en cómo llegan los votos a las urnas en los espacios de mayor marginalidad social, en el financiamiento ilícito, en el condicionamiento de programas sociales, en la ausencia de ética pública en los más diversos actores políticos, incluyendo a varios supuestos árbitros electorales”.
Las consecuencias de sus acciones no se hicieron esperar.
En ese entonces, tal como denuncia en su libro Sin Filias ni Fobias, Nieto ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), cargo en el que estuvo desde febrero 2015 a octubre de 2017, y fue destituido fulminantemente porque investigó el caso Odebrecht.
Había solicitado información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Secretaría del Trabajo (STyPS) y al Instituto Nacional Electoral (INE) y a Pemex (se reportaban cuatro contratos pero localizó 42). Ahora la historia le da la razón.
Carlos Joaquín González se encuentra recuperándose del coronavirus, pero le esperan momentos más tormentosos, porque el delito no ha prescrito porque fueron en 2016, así que le espera un juicio que lo puede poner tras las rejas, si se logra que el combate anticorrupción que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ponga a los rufianes en la cárcel.
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