Manuel Sánchez / Grupo Cantón
Los comerciantes clandestinos han aprovechado la prohibición de venta de alcohol para aumentar los precios de forma exorbitante.
Cancún.- La ley seca implementada en Quintana Roo con motivo de los comicios judiciales de este 1 de junio de 2025 ha generado un contraste económico en Cancún; mientras los establecimientos legales enfrentan pérdidas por el cierre obligatorio, vendedores clandestinos han encontrado una oportunidad de negocio.
Desde el sábado 31 de mayo, todos los expendios de cerveza, distribuidoras de bebidas alcohólicas, tiendas de conveniencia y autoservicios suspendieron la venta de bebidas embriagantes, cumpliendo estrictamente con la normativa electoral.
Sin embargo, esta restricción ha dado pie a un floreciente mercado negro que opera en redes sociales y en domicilios particulares, con incrementos de precios que superan el 40% del valor habitual.
Los vendedores clandestinos, aprovechando la alta demanda y la prohibición oficial, ofrecen productos a precios exorbitantes.
Por ejemplo, un paquete de seis cervezas de la línea Cuauhtémoc Moctezuma se cotiza entre 150 y 170 pesos, mientras que uno de la línea Corona alcanza entre 200 y 230 pesos.
Estas transacciones, que comenzaron desde las primeras horas del sábado, se realizan de manera discreta pero con gran actividad en plataformas digitales y en colonias populares.
La prohibición de venta de alcohol, que comenzó el sábado 31 de mayo y se extenderá hasta el cierre de las casillas electorales, busca garantizar un ambiente ordenado durante la elección de integrantes del Poder Judicial.
Sin embargo, la medida ha impactado negativamente a los negocios legales, que reportan una caída significativa en sus ingresos.
Mientras tanto, los vendedores ilegales, que operan sin regulación ni supervisión, han convertido la ley seca en una oportunidad para “hacer su agosto” en pleno junio, capitalizando la demanda de quienes buscan abastecerse durante la jornada electoral.
Autoridades locales han señalado que se intensificarán los operativos para detectar y sancionar la venta clandestina de alcohol, pero la dispersión geográfica y la rapidez de las transacciones en redes sociales complican mantener el control.
Este fenómeno refleja un desafío recurrente en la aplicación de la ley seca durante procesos electorales, donde la prohibición, aunque bien intencionada, genera un mercado paralelo que beneficia a unos pocos a costa de los comercios formales y del cumplimiento de la norma.
