Jesús Vázquez
CANCÚN, Q. Roo
La Asociación de Plazas Comerciales (APC) de Quintana Roo denunció que en promedio dos locales por inmueble están cerrados, por lo costoso que resulta tener que cumplir con la figura del deudor solidario contenida en la Ley de Hacienda de Benito Juárez.
Eduardo Galaviz Ibarra, dirigente de la APC, dijo que esto implica la cancelación o postergación de nuevos negocios.
Explicó que el deudor solidario obliga a un arrendatario a cubrir los adeudos anteriores de un determinado local comercial, principalmente por concepto de recolección de basura.
“En algunos casos las deudas llegan a ser de 20 mil pesos o incluso 300 mil, lo cual además de ser injusto para los nuevos negocios, es incosteable e inconstitucional”, aseguró.
La asociación ha intentado dialogar con autoridades municipales para que eviten aplicar esta medida; sin embargo, lo más que han logrado es una prórroga para liquidar estos adeudos, ya que la licencia de funcionamiento está condicionada al pago de este concepto.
“La prórroga evitó que más de mil 500 locales comerciales se quedaran sin licencia de funcionamiento a partir de febrero de este año, pero la figura del deudor solidario sigue vigente y es la principal causa por la que un negocio se cancela o se pospone dentro de una plaza comercial”, insistió.
Galaviz Ibarra dijo que al no encontrar respuesta favorable con las actuales autoridades estatales y municipales, han recurrido a los actuales candidatos a puestos de elección popular, quienes han asumido el compromiso de que en caso de llegar a ganar el cargo para el que están compitiendo, legislarán para derogar esta figura tanto de la Ley de Hacienda estatal como de los 11 municipios.
