Manuel Baeza / Grupo Cantón
‘No Más Presos Inocentes’ aseguró que seis de cada diez casos que no puede asumir corresponden a personas sin recursos para sostener su defensa legal.
Cancún.— El Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes aseguró que la falta de recursos económicos continúa siendo uno de los principales obstáculos para que personas privadas de la libertad puedan demostrar su inocencia en Quintana Roo.
Durante una conferencia de prensa, la activista y abogada Ariadne Song informó que seis de cada diez casos que el colectivo no ha podido asumir corresponden a personas que carecen de recursos para financiar una estrategia de defensa.
La declaración fue realizada en el marco del respaldo al caso de Marco Cano, quien, de acuerdo con la organización, permanece privado de la libertad desde hace tres meses.
Song explicó que la falta de dinero dificulta la contratación de peritajes, la obtención de pruebas, la localización de testigos y la realización de investigaciones independientes que podrían fortalecer la defensa de los imputados.
Indicó que el colectivo ha recibido más de 2 mil 500 solicitudes de apoyo; sin embargo, muchas familias no logran reunir los recursos mínimos para impulsar una estrategia jurídica sólida. Agregó que, en varios casos, tampoco cuentan con familiares que puedan colaborar en la obtención de documentos, videos u otros elementos de prueba.
La abogada sostuvo que el sistema penal coloca en desventaja a las personas con menores recursos económicos, mientras quienes tienen capacidad financiera pueden acceder a defensas especializadas y mayores herramientas legales.
Asimismo, cuestionó el desempeño de la defensoría pública al considerar que, en diversos casos, la representación legal se limita a asistir a las audiencias sin desarrollar investigaciones que favorezcan a los imputados.
Durante su intervención también denunció presuntos actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios de Quintana Roo, donde, según afirmó, se cobran diversos servicios, como llamadas telefónicas, visitas y otros apoyos básicos.
De igual forma, criticó el actuar de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial, al señalar que existen procesos sustentados en investigaciones deficientes o presuntamente fabricadas, además de casos en los que, aseguró, prevalece el tráfico de influencias.
Finalmente, el colectivo reiteró que continuará brindando acompañamiento jurídico a personas que cuenten con elementos para demostrar su inocencia, al sostener que la capacidad económica no debe determinar el acceso a la justicia.
