Redacción / Grupo Cantón
El Juzgado Cuarto de Distrito admitió el amparo de Gilberto Gómez Martínez contra la orden de aprehensión por presunta extorsión agravada y fijó la audiencia constitucional para el 16 de diciembre. El juez pidió un informe justificado a las autoridades señaladas. El alcalde sigue vinculado a proceso y en prisión preventiva.
Playa del Carmen.— El alcalde de Puerto Aventuras, Gilberto Gómez Martínez, logra que el Juzgado Cuarto de Distrito admita su recurso de amparo contra la orden de aprehensión ejecutada en su contra por el presunto delito de extorsión agravada.
El juzgado fijó para el 16 de diciembre la audiencia constitucional, en la que revisará los argumentos de la defensa. Además, en un acuerdo publicado en estrados, solicitó un informe justificado a las autoridades señaladas en el recurso.
Alcalde de Puerto Aventuras: lo que revisará el juzgado federal
La admisión significa que el juzgado dio trámite al amparo. Sin embargo, no anula el proceso penal ni resuelve sobre la responsabilidad del alcalde, quien mantiene la presunción de inocencia.
Gómez Martínez fue detenido el 15 de octubre junto con Karla Paola Ochoa Aburto, coordinadora de Desarrollo Económico, y Jorge Montalvo Gómez, su sobrino y secretario. Los tres están vinculados a proceso y con prisión preventiva justificada.
En el mismo juicio, de acuerdo con acuerdos judiciales difundidos por medios locales, el juzgado concedió una suspensión provisional. Esta medida no implica su liberación.
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Qué se le atribuye al alcalde
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los hechos se investigan como presuntas exigencias de pago con amenazas contra un comerciante de la colonia Puerto Maya. Según la información difundida, el alcalde presuntamente exigía un cobro que era recibido por la coordinadora, mientras que su sobrino supuestamente amenazaba a quienes se negaban a pagar.
Tras la detención, el cabildo de Playa del Carmen designó a Juan José Arena Carvajal como alcalde interino de Puerto Aventuras. Los concejales precisaron que el acuerdo no implica la destitución ni la suspensión del mandato de Gómez Martínez, ni un pronunciamiento sobre su responsabilidad penal.
Hasta el momento no se conoce una postura pública del alcalde ni de su defensa sobre las acusaciones. Los tres implicados conservan la presunción de inocencia mientras continúa el proceso.
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