Redacción/Grupo Cantón
El Gobierno de Argentina modificó la Ley de Migraciones mediante un decreto que permitirá impedir el ingreso y expulsar a extranjeros.
Argentina.- El presidente de Argentina, Javier Milei, oficializó un decreto que endurece la política migratoria al establecer nuevas causas para impedir el ingreso de extranjeros al país y cancelar residencias ya otorgadas a quienes hayan realizado agravios contra Argentina, sus ciudadanos o sus símbolos nacionales.
La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y modifica la Ley de Migraciones, incorporando criterios que permitirán a las autoridades rechazar el ingreso o disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros cuando consideren que sus acciones representan una amenaza para la convivencia social.
De acuerdo con el Gobierno argentino, en los últimos meses se ha registrado un incremento de mensajes de odio, actos de hostilidad y expresiones de menosprecio dirigidas contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional.
El decreto sostiene que estas conductas representan un riesgo para la paz social y la convivencia armónica, por lo que justifica el fortalecimiento de los controles migratorios.
No obstante, el Ejecutivo aclaró que la normativa no contempla sanciones para quienes ejerzan críticas políticas, académicas o ciudadanas, al considerar que estas expresiones forman parte de los derechos garantizados por la Constitución.
La decisión se da en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei ha denunciado la existencia de una presunta campaña “anti-Argentina”, surgida tras el Mundial de Futbol 2026.
Horas antes de la publicación del decreto, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que aseguró que “la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable”, reafirmando la postura oficial sobre la protección de la identidad nacional.
Con esta modificación a la legislación migratoria, Argentina incorpora nuevos criterios para evaluar el ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros, una decisión que abre el debate sobre el alcance de la medida y su aplicación dentro del marco de los derechos constitucionales.
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