Después de evitar una condena en su segundo juicio político, el expresidente Donald Trump enfrenta nuevas amenazas legales importantes, ya que los fiscales de Georgia se han unido a los de Nueva York para llevar a cabo investigaciones penales por sus acciones.
Mientras la nación veía videos desgarradores del 6 de enero de simpatizantes de Trump irrumpiendo en el Capitolio de Estados Unidos durante el juicio político en el Senado esta semana, los funcionarios de Georgia anunciaron que abrieron investigaciones por los esfuerzos de Trump para anular los resultados electorales del estado, incluso presionando a funcionarios para que «encontraran» votos para cambiar el resultado a su favor.
Las nuevas investigaciones se suman a una lista abrumadora de problemas legales que enfrenta el expresidente que podrían amenazar sus finanzas y posiblemente su libertad.
Fuera de su cargo y sin las protecciones que le otorgó la presidencia, Trump ahora enfrenta múltiples investigaciones criminales, investigaciones estatales civiles y demandas por difamación por parte de dos mujeres que lo acusan de agresión sexual.
La presión se produce cuando Trump sopesa su futuro en la política y en los negocios con la Organización Trump, que ya se ha visto afectada por la pandemia de covid-19, y también ha perdido asociaciones corporativas tras el discurso de Trump del 6 de enero que avivó a una multitud.
En las tres semanas desde que Trump dejó la Casa Blanca, los múltiples desafíos legales que enfrenta han aumentado y se han vuelto más inminentes.
Resultados de las elecciones de Georgia
Los funcionarios de Georgia anunciaron que el expresidente enfrenta dos nuevas investigaciones por las llamadas que hizo a los funcionarios electorales en un intento de anular los resultados electorales del estado.
Una fuente familiarizada con la investigación del secretario de estado de Georgia confirmó que investigan dos llamadas, incluida una que Trump hizo al secretario de Estado Brad Raffensperger.
En la llamada de enero, se dice que Trump estaba presionando a Raffensperger para que «encuentre» votos para anular los resultados de las elecciones después de su derrota ante el entonces presidente electo Joe Biden.
«Este no es un caso fácil, pero no es uno que deba dejar de investigar», dijo Bret Williams, ex fiscal federal en Nueva York y Atlanta. «Será difícil demostrar que tenía la intención de solicitar a Raffensperger que cometiera fraude electoral, pero es posible que lo haya hecho».
El asesor principal de Trump, Jason Miller, dijo en un comunicado a CNN que no había nada «inapropiado o desagradable» en la llamada programada entre Trump y Raffensperger.
«Si el señor Raffensperger no quisiera recibir llamadas sobre las elecciones, no debería haberse postulado para secretario de Estado», dijo Miller en el comunicado.
La investigación también involucra una llamada que Trump hizo en diciembre a un investigador electoral de Georgia en la oficina del secretario de Estado que dirigió una investigación sobre acusaciones de fraude electoral en el condado de Cobb. Se escucha a Trump pidiéndole al investigador que «encuentre el fraude», diciendo que el funcionario sería un «héroe nacional».
La segunda investigación de Georgia la lleva a cabo la oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton, que anunció el miércoles que también abrió una investigación criminal contra Trump por sus «intentos de influir en la administración de las elecciones generales de Georgia de 2020».
«Cualquiera que viole la ley será procesado, sin importar cuál sea su estatus social, sin importar su economía, sin importar su raza o su género. No vamos a tratar a nadie de manera diferente», dijo la fiscal de distrito del condado de Fulton Fani Willis a WSB, afiliada de la cadena CNN, en una entrevista a principios de esta semana.
Lo más temprano que se espera que se reúna un jurado investigador del condado de Fulton es en marzo, y la oficina del fiscal de distrito puede solicitar citaciones del jurado investigador según sea necesario en ese momento.
«Creo que se violaron las leyes porque creo que fue un esfuerzo claro por parte de un presidente de Estados Unidos en ese momento, quien creo que en ese momento también ejercía una cierta cantidad de poder para influir en el secretario de Estado para que hiciera algo mal», agregó Michael J. Moore, ex fiscal federal para el distrito medio de Georgia durante el gobierno de Obama.
«Creo que eso es lo que dice el estatuto, y si esas cosas sucedieron, eso es una violación de la ley», dijo.
Tratos comerciales en Nueva York
Trump también enfrenta una investigación criminal en Nueva York, donde la oficina del fiscal de distrito de Manhattan investiga si la Organización Trump violó leyes estatales con fraude de seguros, fraude fiscal u otros esquemas para defraudar. El alcance de la investigación es amplio, y los fiscales indagan, entre otras cosas, si la Organización Trump engañó a las instituciones financieras al solicitar préstamos o violó las leyes fiscales al donar una servidumbre de conservación en su propiedad llamada Seven Springs y deducir las tarifas pagadas a consultores.
Los fiscales esperan una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre si continuará retrasando la ejecución de una citación de ocho años de las declaraciones de impuestos personales y comerciales de Trump y los registros relacionados de su firma de contabilidad.
Si la Corte Suprema permite que se ejecute la citación, dará un impulso significativo a la investigación.
La oficina de la procuradora general del estado de Nueva York, Letitia James, lleva a cabo una investigación civil sobre si la Organización Trump infló los valores de sus activos para garantizar préstamos favorables y cobertura de seguro.
Alan Garten, consejero general de la Organización Trump, le dijo anteriormente al New York Times: «Todo se hizo en estricto cumplimiento de la ley aplicable y bajo el asesoramiento de abogados y expertos en impuestos». Y añadió: «Se pagaron todos los impuestos aplicables y ninguna de las partes recibió ningún beneficio indebido».
La oficina del fiscal general destituyó en octubre a Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump. La investigación de James es civil en este momento, pero podría convertirse en criminal.
La insurrección en Washington
En Washington, los fiscales federales que investigan la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos han señalado que nadie está por encima de la ley, incluido Trump, y han enfatizado que nada está fuera de la mesa cuando se les preguntó si analizaban el papel del expresidente en incitar a la violencia.
En la avalancha de procedimientos judiciales después de que más de 200 personas fueron acusadas de delitos federales, la influencia de Trump en los agitadores ha sido mencionada tanto por la fiscalía como por los acusados que buscan asumir responsabilidades.
En un caso presentado el jueves contra un miembro de los Oath Keepers, los fiscales alegaron que la mujer estaba esperando instrucciones de Trump, y es la primera vez que hacen una acusación tan directa.
El fiscal general de Washington, Karl Racine, también advirtió que Trump podría enfrentar cargos penales en los días posteriores a la insurrección y dijo que las leyes de Washington prohíben declaraciones que «claramente alienten, engatusen y … motiven a las personas a cometer actos violentos», dijo a MSNBC en enero.
Racine aseguró en entrevista que su oficina, que hace cumplir los códigos locales de la ciudad, colabora con los fiscales federales en el caso.
Sin la protección de la presidencia
Ya que no está en el cargo, Trump no puede confiar en varias defensas que hizo mientras era presidente.
«Las cosas se van a acelerar. Ya no tiene la excusa de ser el presidente en funciones», señaló Jennifer Rodgers, ex fiscal federal y analista legal de CNN. «Creo que las personas que esperan que veamos acciones serias en las demandas civiles antes se sentirán decepcionadas porque los litigios civiles se mueven muy lentamente de todos modos».
Pero, agregó Rodgers, ya no hay razón para retrasar esas demandas civiles ahora que está fuera de la Casa Blanca.
Esas demandas incluyen una de la oficina de Racine, que alega que la Organización Trump y la Comisión de la Toma de Posesión Presidencial abusaron de más de US$ 1 millón en fondos de la posesión al «pagar de más» para usar el espacio para eventos en el hotel Trump en Washington, para su posesión en 2017.
Ivanka Trump fue citada para una deposición en el caso en diciembre, y luego tuiteó una captura de pantalla de un correo electrónico que, según ella, muestra que le pide al hotel que cobre «una tarifa de mercado justa». Los investigadores también le pidieron a Donald Trump, Jr. que acudiera para una entrevista.
«Esta ‘investigación’ es otra demostración motivada políticamente de venganza y desperdicio del dinero de los contribuyentes», dijo Ivanka Trump en su tuit de diciembre.
Trump también ha enfrentado demandas por difamación que se retrasaron en gran medida mientras estuvo en el cargo.
Una fue presentada por E. Jean Carroll, una excolumnista de una revista que lo acusó de violación, y otra por Summer Zervos, una exconcursante de «The Apprentice» que afirma que el expresidente la agredió sexualmente en 2007. Ambas mujeres dicen que las difamó por diciendo que sus afirmaciones eran mentiras.
Carroll busca destituir a Trump y obtener una muestra de su ADN. El caso avanzaba hasta que el Departamento de Justicia de Trump intentó intervenir en el caso.
Un juez federal negó el esfuerzo y los abogados de Trump y el Departamento de Justicia apelaron el fallo. No está claro si el gobierno de Biden continuará la apelación.
La demanda de Zervos, presentada en 2017, ha estado suspendida desde el año pasado. Los abogados de Trump habían argumentado que la Constitución de Estados Unidos prohibía que un presidente en funciones fuera demandado en un tribunal estatal.
La semana pasada, los abogados de Zervos presentaron una moción pidiendo a la corte de apelaciones que desestime la apelación «como discutible» y permita que la demanda avance.
Trump ha negado haber actuado mal en ambas demandas.
Un problema legal que golpea más cerca es si Trump podrá continuar viviendo a tiempo completo en Mar-a-Lago.
Los vecinos del complejo de Palm Beach han argumentado que Trump violó un acuerdo con la ciudad al mudarse a tiempo completo el mes pasado. Las leyes de zonificación de la ciudad le permiten vivir allí a tiempo completo si se lo considera un «empleado de buena fe» del club.
«No hay ninguna prohibición sobre que el propietario use la suite del propietario», dijo el abogado John Marion. «Este tipo (Trump), mientras deambula por la propiedad, es como el alcalde de Mar-a-Lago, por así decirlo».
Después de una reunión el martes, el ayuntamiento no tomó ninguna decisión, pero se espera que revise el asunto en la primavera.
Con información de CNN
