Redacción/Grupo Cantón
La Asamblea Nacional de Nicaragua inició el proceso para aprobar una reforma que impediría la participación de partidos opositores en futuras elecciones.
Cancún.- El gobierno de Daniel Ortega avanza con una reforma legal que impediría la participación de partidos opositores en los procesos electorales de Nicaragua, una iniciativa que será discutida y votada durante la primera semana de agosto por la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo.
La propuesta fue respaldada por la copresidenta Rosario Murillo, quien aseguró que el objetivo es evitar elecciones “orientadas por Estados Unidos” y garantizar que los procesos democráticos respondan únicamente a la soberanía nacional.
Murillo afirmó que en Nicaragua seguirán celebrándose elecciones, pero bajo un modelo diseñado por el propio Estado y libre de cualquier influencia extranjera.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, explicó que las reformas buscan “no dejar ningún resquicio” para impedir cualquier tipo de intervención extranjera en los procesos electorales.
Las declaraciones llegan días después de que Daniel Ortega anunciara, durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que no permitirá elecciones en las que participen sectores opositores, a quienes calificó como “vendepatrias” al servicio de Estados Unidos.
El anuncio provocó una nueva ola de críticas internacionales.
Estados Unidos advirtió que no permanecerá “de brazos cruzados” ante las acciones del gobierno nicaragüense, mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció una “erosión constante del Estado de derecho” en el país.
Diversos gobiernos y organizaciones internacionales consideran que la reforma reduciría aún más los espacios democráticos y limitaría la competencia política rumbo a las elecciones previstas para noviembre de 2027.
Movimientos opositores nicaragüenses en el exilio sostienen que la iniciativa busca consolidar un régimen permanente encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Líderes como Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro consideran que Ortega pretende eliminar cualquier posibilidad de competencia electoral y convertir a Nicaragua en un sistema de partido único.
Actualmente, Ortega y Murillo concentran el poder político del país y mantienen un fuerte control institucional desde el regreso del mandatario a la presidencia en 2007.
Tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 fallecidos según la ONU, cientos de opositores fueron encarcelados, despojados de su nacionalidad o forzados al exilio.
Se estima que cerca de un millón de nicaragüenses han abandonado el país durante los últimos ocho años, principalmente hacia Costa Rica, Estados Unidos y España.
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