REDACCIÓN / GRUPO CANTÓN
Ciudad Juárez, Chihuahua — La tarde del viernes 4 de julio, el escándalo del crematorio “Plenitud” dio un giro crucial en los tribunales. El juez de Primera Instancia Penal, Apolinar Juárez Castro, vinculó a proceso al propietario y a un trabajador del establecimiento, donde fueron hallados 383 cuerpos en condiciones irregulares, muchos de los cuales fueron sustituidos por cenizas falsas entregadas a sus familiares.
Los imputados, José Luis A.C., de 39 años, dueño del crematorio, y Facundo M.R., de 64, su empleado, enfrentan acusaciones por inhumación, exhumación y violación a la dignidad de cadáveres o restos humanos, delitos que, según la Fiscalía estatal, fueron cometidos de forma reiterada durante al menos dos años.
Durante la audiencia, la defensa intentó minimizar la gravedad del caso. La abogada Mara Aidé Laguna Ávalos sostuvo que no existió dolo y que las irregularidades obedecieron a una crisis operativa, alegando que el horno del crematorio dejó de funcionar y que el exceso de trabajo impidió la cremación en los tiempos establecidos. Aseguró además que el crematorio contaba con permisos vigentes.
Sin embargo, el Ministerio Público argumentó que los acusados nunca reportaron la falla del horno y continuaron recibiendo cuerpos, violando con ello la normativa que exige su cremación en un plazo máximo de 48 horas. El juez fue enfático al señalar que “el crematorio no es un almacén, sino un destino final”, desestimando las justificaciones de la defensa.
Uno de los elementos más sensibles del caso es que decenas de familias recibieron urnas con cenizas que no pertenecían a sus seres queridos, lo que ha generado un profundo impacto emocional. El fiscal estatal, César Jáuregui, confirmó que se impuso la prisión preventiva a ambos acusados para garantizar su comparecencia y evitar una posible fuga.
Jáuregui calificó el hecho como “inédito y sumamente grave”, y aseguró que se buscará la pena máxima para los responsables. También anunció que se revisará la actuación de las autoridades que debieron supervisar el funcionamiento del crematorio, ya que en 2020 y 2022 ya se habían detectado irregularidades similares en el mismo lugar, que en su momento solo derivaron en sanciones administrativas.
Mientras tanto, la Fiscalía trabaja en la identificación plena de los cuerpos encontrados, para así restituir la verdad y la dignidad a las víctimas y sus familias, muchas de las cuales ya habían cerrado ciclos de duelo sin saber que las cenizas que recibieron no eran reales.
