Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesias
La situación que vive el país en torno al partido gobernante cada vez deja más de lado la impunidad con la que presuntamente operaron en el sexenio pasado, el de Andrés Manuel López Obrador. Esto no solo se refleja en la nueva reestructuración del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sino también en el alcance de la justicia, que ahora parece extenderse sobre quienes antes eran intocables.
El primer indicio de la independencia del gobierno de Claudia Sheinbaum se dio el 1 de febrero, cuando el entonces coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López Hernández, anunció que dejaba el cargo tras señalamientos de una presunta relación con el crimen organizado. Este hecho no pasó desapercibido entre los morenistas afines al expresidente, quienes lo consideraron una “traición”.
Para avanzar en ese objetivo, fue necesario el relevo en la Fiscalía General de la República (FGR), alineado con la política de justicia de la presidenta. Su experiencia previa en el Gobierno de la Ciudad de México permitió que el Senado la nombrara, el 3 de diciembre de 2025, como titular de la institución. Bajo esta lógica, combatir la impunidad requería de un perfil que entendiera la visión de justicia de la mandataria federal.
Otra señal del control político de la presidenta es la salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional de Morena, así como la de Andrés Manuel López Beltrán como secretario de Organización. Días antes, se integró al Comité Ejecutivo Nacional Citlalli Hernández Mora como titular de la Comisión de Elecciones rumbo al proceso 2026-2027.
Cabe destacar que Citlalli Hernández no es una improvisada en materia de alianzas y selección de candidatos; cuenta con la confianza de la presidenta tras acompañarla desde el proceso interno de las llamadas “corcholatas”. Su encomienda es clara: combatir la impunidad y el influyentismo dentro del partido.
En el ámbito judicial, un caso que pone presión sobre el obradorismo es la captura del contraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado como líder de un grupo de marinos involucrados en un esquema que permitió la entrada de 31 barcos provenientes de Estados Unidos con millones de litros de combustible ilegal durante el sexenio anterior. El caso cobra relevancia al tratarse de un familiar político del entonces titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán.
La orden de aprehensión fue ejecutada por autoridades de Argentina en coordinación con la Secretaría de Marina, la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana e Interpol México y Argentina, según informó Omar García Harfuch.
De acuerdo con las investigaciones, Fernando Farías, junto con su hermano Manuel Roberto, encabezó una de las mayores tramas de corrupción recientes. Este esquema fue expuesto en septiembre de 2025, cuando el gobierno federal asestó uno de los golpes más importantes contra la corrupción, derivando en órdenes de captura contra 14 personas, incluidos seis marinos.
Solo queda decir que, si “camina como pato, grazna como pato y nada como pato, entonces es pato”. El sello que busca imprimir la presidenta Claudia Sheinbaum a su gobierno es claro: terminar con la impunidad y el influyentismo. Ahí se las dejo.
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