REDACCIÓN / GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- En comisiones, el Senado aprobó las dos leyes secundarias derivadas de la reciente reforma constitucional que amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), especialmente en materia de investigación e inteligencia, con el objetivo de combatir la delincuencia y garantizar la paz y la justicia en el país.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue aprobada con 20 votos a favor y cinco en contra, mientras que la Ley del Sistema Nacional de Investigación en materia de Seguridad Pública obtuvo 18 votos a favor y ocho en contra.
Esta última, que crea la Subsecretaría de Inteligencia dentro de la SSPC, fue la que generó mayor controversia entre los legisladores de oposición, quienes acusaron que busca espiar a los ciudadanos. Legisladores de Morena y sus aliados rechazaron estas acusaciones y defendieron la iniciativa.
El dictamen destaca que la ley establece un nuevo paradigma de seguridad que prioriza la prevención, la información estratégica y la cooperación institucional, con la inteligencia como el “cerebro del sistema de seguridad”. Se busca fortalecer un modelo nacional capaz de prevenir y combatir a grupos criminales respetando los derechos humanos y el Estado de derecho.
Sin embargo, el senador priísta Miguel Riquelme alertó sobre la militarización de la seguridad pública y el acceso sin restricciones a datos personales, calificando la ley como la construcción de un “Estado fisgón” y una “dictadura perfecta”. Por su parte, el panista Gustavo Sánchez expresó preocupación por el posible acceso a bases de datos sensibles sin orden judicial, incluyendo información biométrica, fiscal y de salud.
Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, señaló que la ley invadiría la privacidad de los mexicanos y otorgaría amplias facultades a las autoridades para acceder a información personal sin control. El coordinador priísta Manuel Añorve la calificó como la instauración de un “Big Brother del bienestar”.
Desde Morena, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara respondió que la ley busca acabar con el “Estado espía” para dar paso a un “Estado protector” que investigue a quienes lucran con la violencia y el crimen organizado. La senadora Verónica Camino Farjat destacó la importancia de la Plataforma Digital de Usuarios de Telefonía para combatir la extorsión telefónica, y resaltó el papel de la Plataforma Central de Inteligencia con mayores medidas de seguridad.
Respecto a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se explicó que reemplaza a la vigente desde 2019 para responder a las problemáticas actuales, fortalecer el sistema y otorgar un marco jurídico obligatorio para el Gabinete Federal de Seguridad Pública, que deberá ser replicado por los estados. Esto busca garantizar la coordinación plena entre los distintos niveles de gobierno para operativos conjuntos y evaluación regional.
El dictamen reconoce la capacidad logística, económica y territorial del crimen organizado y plantea un sistema de inteligencia anticipatoria para detectar amenazas antes de que se materialicen. Asimismo, prevé integrar datos de diversas dependencias, desde fuerzas armadas hasta autoridades financieras, bajo principios de legalidad y control democrático.
También se fortalecerá la cooperación internacional, en especial con Estados Unidos, en temas como tráfico de armas, drogas, personas y dinero, y se impulsarán acuerdos como el Entendimiento Bicentenario.
Ambos dictámenes fueron turnados a la mesa directiva del Senado y se prevé que sean votados en el pleno durante la sesión del próximo martes.
