Agencias
MONTERREY
El relator especial de Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió al Gobierno mexicano a efectuar una investigación imparcial y exhaustiva de los hechos acontecidos en el penal de Topo Chico, por los que 49 personas murieron y 12 más resultaron heridas.
“Exhorto a las autoridades mexicanas a garantizar el derecho de los familiares a saber la verdad acerca de lo acontecido, a una identificación pronta de las personas fallecidas de las que aún se desconocen sus nombres, a una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y a una atención médica de calidad a los heridos”, dijo Juan Méndez.
“La investigación debe conducir también a la reparación de las víctimas y sus familiares, lo que incluye las garantías de no repetición de los hechos acontecidos que se traduzcan en una mejora sustancial en las condiciones de detención del Penal de Topo Chico”.
Méndez hizo este pronunciamiento desde Ginebra, y fue dado a conocer por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La investigación de Topo Chico, afirmó Méndez, debe establecer las responsabilidades legales tanto de los reclusos que participaron en los hechos como de las autoridades penitenciarias.
La ONU destacó que Méndez inspeccionó el Penal de Topo Chico durante su visita oficial a México, en abril de 2014.
“Pude constatar que la flexibilidad excesiva en el régimen a la que está sujeta la población detenida conducía al autogobierno y situaciones de violencia en el penal”, relató.
“También pude verificar supuestas medidas de protección a detenidos que derivaban en situaciones de hacinamiento extremas”.
Recordó que en su informe Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se refirió a una infraestructura deteriorada, a condiciones sanitarias penosas, a la mala calidad de la comida, a sanciones de aislamiento en condiciones deplorables y a tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas con discapacidad, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Esta información, advirtió, la compartió con las autoridades de Topo Chico el 27 de abril de 2014, al concluir su visita a esta cárcel.
La organización mencionó que el Estado debe asumir una posición especial de garante de los derechos de las personas privadas de libertad, como establece el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
También resaltó que la obligación de salvaguardar la vida e integridad de las personas privadas de libertad no se limita al deber que tienen los servidores públicos de abstenerse de violar los derechos de las personas privadas de la libertad, también abarca el deber positivo de protegerles de ataques contra la vida y la integridad provenientes de otras personas detenidas.
En 2015, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores entraron en confrontación directa con Méndez, luego de que éste calificara como generalizada la tortura en el País.
