La agrupación detectó que los poderes ejecutivos estatales son los reyes del gasto en esta materia, pues concentran 70% del dinero erogado. Esto equivale a 8,055 millones de pesos, y detrás está el sector paraestatal, con 24%; los órganos autónomos ocupan el tercer puesto, con sólo 3%, y por último están los poderes judiciales y legislativos.
En 2015, el gasto del país en publicidad oficial ascendió a 22,102.9 millones de pesos, si se suman los 10,208 millones de pesos destinados a nivel federal, lo que incluye a los tres poderes de gobierno, a los órganos autónomos y al sector paraestatal.
Los 22,102.9 millones de pesos representan el doble de lo ejercido por el Programa Nacional de Becas, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y habrían podido beneficiar a 4 millones de estudiantes, según Fundar.
De acuerdo con Paulina Castaño, investigadora de la agrupación, se trata de gastos que no tienen impacto o beneficio para la sociedad, porque la publicidad oficial generalmente la usan los gobernadores para promocionar su imagen y sus logros; por lo tanto, son gastos “superfluos” que se podrían aprovechar para otras cuestiones.
“Es un gasto que se tiene que limitar, y más ahora que se baja el presupuesto a programas sociales y vemos que con la publicidad oficial no pasa nada, incluso sigue aumentado”, dijo en entrevista con Expansión.
El reporte de la organización alerta que, pese a que ha habido avances en transparencia e información abierta en este rubro, aún está pendiente que se apruebe una ley para regular el dinero ejercido en este campo. Desde 2012, el propio presidente Enrique Peña Nieto prometió impulsar una legislación de este tipo, tras reconocer que en México hay opacidad en el ejercicio del dinero empleado en esta materia.
“Se prometió crear una instancia que fiscalizara el gasto en publicidad oficial y, a la vez, que iba a hacer todo lo posible para regularla, pero es letra muerta. No ha pasado nada con la regulación”, dijo Castaño. (Fuente: Expansión)
