Redacción / Grupo Cantón
La creadora de contenido respondió a las críticas y defendió su derecho a continuar sus estudios, luego de que circularan versiones sobre una movilización estudiantil que busca restringir su acceso al campus.
Ciudad de México.— La creadora de contenido Marianne Gonzaga enfrenta una nueva controversia luego de que trascendiera que grupos de estudiantes estarían organizándose para solicitar su expulsión de una universidad; al argumentar preocupación por su seguridad tras el caso de violencia en el que estuvo involucrada en 2025.
De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, algunos alumnos buscan que se limite el acceso de la joven a las instalaciones educativas. Aunque circuló la posibilidad de que la institución fuera la Universidad Anáhuac, esta información no ha sido confirmada oficialmente.
Ante las críticas, Gonzaga respondió mediante sus historias de Instagram y defendió su derecho a continuar con su formación académica. Sostuvo que la educación es un derecho y cuestionó que se pretenda impedirle estudiar debido a su pasado.
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La influencer también señaló que existe una contradicción entre exigir que una persona cambie y rechazar sus esfuerzos por retomar su vida. Afirmó que continuará estudiando y trabajando en su desarrollo personal.
El antecedente de violencia que reavivó la polémica
La controversia se relaciona con los hechos ocurridos en febrero de 2025, cuando Gonzaga, entonces de 17 años, fue detenida tras agredir con un arma punzocortante a la modelo Valentina Gilabert en la Ciudad de México. Después del incidente, permaneció internada en un centro especializado para adolescentes.
En julio de ese año, ambas partes llegaron a un acuerdo que permitió su salida bajo medidas específicas, además de contemplar una reparación del daño por 750 mil pesos. Gilabert manifestó públicamente que había otorgado el perdón tras recibir una disculpa.
Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente qué universidad estaría involucrada ni si sus directivos tomarán alguna medida respecto a la petición atribuida a los estudiantes.
El caso vuelve a generar debate en redes sociales sobre la reintegración social, el derecho a la educación y la preocupación de la comunidad estudiantil por la seguridad dentro de los campus.
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