Agencias
CIUDAD DE MÉXICO
El pasado miércoles 2 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió el reporte “Situación de Derechos Humanos en México”, detallando los problemas de que padece México, en el cual enumera las fallas del sistema de cárceles del país, como el hacinamiento, la corrupción y el autogobierno de los presos.
Carencias que el 10 de febrero llevaron a murieran 49 personas en la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, tras desatarse una riña entre los internos. Y antes de ese caso, en años previos se han presentado tragedias similares en las prisiones.
En México, según los datos de las autoridades carcelarias que recabó la CIDH, hay 388 centros penales o cárceles: 17 centros federales; 12 en la Ciudad de México; 285 dependientes de gobiernos estatales, y 74 de tipo municipal, tras la visita de sus especialistas de la Comisión Interamericana, se identificaron una docena de problemas en las cárceles, el año pasado.
1.- Hacinamiento
Existe una población penitenciaria total de 254,469 personas privadas de libertad, de las cuales 205,644 pertenecen al fuero común (80.81%) y 48,825 al fuero federal (19.19%), lo que permite calcular que hay un déficit de 51,353 plazas.
“El hacinamiento tendría como consecuencia el incremento del autogobierno descontrolado por la falta de supervisión de la autoridad penitenciaria, corrupción y violencia en los últimos años”, agrega la Comisión en el reporte.
2.- Corrupción y autogobierno
El personal carcelario en México es insuficiente, labora en condiciones precarias y no cuenta con los elementos necesarios para desempeñar su función, y esos factores llevan a que se corrompa o que se permita a los internos hacerse del control absoluto de las prisiones, según la CIDH.
En cárceles como la de Topo Chico, según la CIDH, no se permitía que los familiares dieran artículos de primera necesidad a los internos, porque una empresa dentro de la cárcel los vendía a “precios exorbitantes”.
3.- Aislamiento
La CIDH señala que en las cárceles mexicanas hay prolongados regímenes de aislamiento, con sanciones disciplinarias que resultan desproporcionadas en relación con el acto que se sanciona.
A menudo, según la Comisión, los castigos responden a “criterios discrecionales por parte del personal penitenciario, además de que las personas a las que se les imponen este tipo de sanciones no cuentan con los mecanismos independientes y eficaces para cuestionarlas”.
4.- Privatización de las cárceles
Sobre este punto, la CIDH indicó que, según los reportes que logró obtener, “desde 2006 se estarían celebrando diversos contratos de prestación de servicios para la administración y manejo de los centros de detención, a fin de disminuir la carga financiera del Estado”.
Al respecto, la CIDH expresó su preocupación porque hay poca información oficial “sobre los contratos celebrados por el Estado y las empresas respectivas señaladas por organizaciones de la sociedad civil”.
Se ha otorgado a empresas privadas el derecho a operar prisiones.
“De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, a fin de dar cumplimiento a los contratos con empresas privadas, cada centro debe mantener el número de personas privadas de libertad en razón de la capacidad instalada, lo que incentivaría la utilización de la prisión como el único medio para combatir el delito”, apuntó en el estudio, incluso se solicitó la información sobre los contratos vía transparencia, pero la negó el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por ser considerada reservada.
5.- Falta de atención diferenciada
La CIDH indicó que las mujeres que están encarceladas “se enfrentan a serios abusos y a condiciones que no están adaptadas a su condición; lo anterior, debido a la ausencia de perspectiva de género en la normativa local y políticas públicas”.
Organizaciones de la sociedad civil informaron a la Comisión que aproximadamente el 60 % de la población femenina se encuentra en centros de reclusión masculinos, “por lo que se encuentran en espacios que las colocan en un mayor riesgo de abusos por parte de otros internos y funcionarios”. Con información de Animal Politico.
