Redacción / Grupo Cantón
Investigan a 6 cómplices y 44 firmas de varios países.
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un acto de justicia la sentencia dictada en Florida contra Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, quienes deberán pagar al Estado mexicano 2,488 millones 855 mil 216 dólares por corrupción y desvío de recursos públicos.
“Es un reconocimiento de un modus operandi con funcionarios de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para usar recursos públicos en beneficio privado”, señaló la mandataria.
Destacó que García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, no solo colaboró con el crimen organizado, sino que continuó lucrando con fondos públicos tras dejar el cargo.
Los recursos desviados, equivalentes a unos 48 mil millones de pesos, representan el presupuesto anual de programas sociales como la pensión a mujeres bienestar o el Tren México-Pachuca.
Entramado de Corrupción
Por su parte, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detalló que entre 2009 y 2018 García Luna operó un entramado empresarial para triangular recursos mediante contratos simulados, muchos sin licitación, con dependencias federales como la Policía Federal y la Segob. Parte del dinero fue canalizado a campañas políticas.
La demanda civil, interpuesta en 2021 en Florida contra el matrimonio, seis cómplices y 44 firmas de varios países, se relaciona con 30 contratos de tecnología y seguridad firmados entre 2009 y 2018 con la Policía Federal, el Cisen y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
Gómez explicó que García Luna, a través del Grupo Weinberg, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, obtuvo contratos por 727.9 millones de dólares y 528 millones de pesos, de los cuales se pagaron 625.1 millones de dólares y 93.8 millones de pesos.
El gobierno federal ha recibido cerca de 2.5 millones de dólares en bienes recuperados, con uno aún pendiente de venta, aunque ya entregado a las autoridades.
Red de empresas corruptas
La UIF identificó 15 empresas vinculadas al esquema de lavado de dinero, como Nunvav Inc, Nice Systems Ltd, GLAC Security Consulting, Gull Holding Enterprises, y otras usadas para adquirir bienes de lujo en Florida, incluyendo propiedades y vehículos de alta gama.
Se detectaron transferencias a bancos en Barbados, señalados como “lavadores de dinero”, y no se descartan nuevas sentencias contra estas firmas. Sin embargo, mientras la jueza Lisa Walsh en EU dictó una sentencia ejemplar, en México un tribunal otorgó amparo a Pereyra para descongelar sus cuentas. “Lo vamos a resolver pronto”, aseguró Gómez.
Este caso evidencia “la continuidad de un estado corrupto desde los años 50”, concluyó el titular de la UIF.
