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3 diciembre, 2022

Cancún

Roban la identidad de un abuelito para facturar millones de pesos

Esto mediante una empresa que da servicio al ayuntamiento del municipio de Solidaridad

JESÚS VÁZQUEZ

GRUPO CANTÓN

 

CANCÚN. La activista Fabiola Cortés narra en su cuenta de Facebook que en julio de 2020, Lorenzo Manrique denunció en la Fiscalía General del Estado (FGE) con apoyo de abogados de la asociación Somos Tus Ojos, a Miguel Severiano Gutiérrez Gutiérrez, Miguel Ángel Carrera Corro y al notario número seis de Quintana Roo, Jorge Rodríguez Méndez, donde se realizó el acta constitutiva de la empresa Xuanxum SA de CV, utilizando su nombre y el de Cirilo Macedo, amigo de Don Lorenzo y quien falleció en la pobreza y en la soledad en el 2019, ignorando que “tenía” una empresa que facturaba decenas de millones de pesos.

Desde que el señor Lorenzo interpuso su denuncia, la FGE se negó a darle un trato diferenciado y a realizar los ajustes razonables al procedimiento como lo mandata la ley, por tratarse de un anciano, quien además tiene diversos padecimientos, así por ejemplo, en plena pandemia, la Fiscalía no accedió a enviar una unidad móvil a su domicilio para tomar su denuncia, por lo que Don Lorenzo debió acudir personalmente a ratificar su denuncia.

La Fiscalía también se negó a dictar la medida precautoria de ordenar al ayuntamiento de Solidaridad abstenerse de realizar pagos a la empresa Xuanxum SA de CV, a fin de garantizar la reparación del daño a la víctima.

Además, actuando con total mala fe, la FGE declinó su competencia el 11 de agosto de 2020 y envió la carpeta de investigación FGE/QR/FECC/PLC/0261/08/2020, a la Fiscalía Anticorrupción, dependencia que no tiene competencia para conocer la denuncia por el delito de usurpación de identidad, puesto que se trata de un asunto entre particulares, sin la participación de servidores públicos. 

La activista refiere que la FGE, al mando de Óscar Montes de Oca Rosales, remitió la carpeta a la Fiscalía anticorrupción, dirigida por Rosaura Villanueva Arzápalo, por el delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público”, borrando por completo el delito de usurpación de identidad.

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