En México, ser mujer sigue significando vivir con un riesgo que no debería existir. El 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. No es una percepción: es una realidad documentada por el INEGI.
En 2025, México registró 721 feminicidios. Pero esa cifra no alcanza a mostrar toda la dimensión de la tragedia. A ella se suman miles de homicidios dolosos de mujeres, desapariciones, agresiones sexuales, violencia familiar y carpetas de investigación que muchas veces nacen mal integradas o clasificadas incorrectamente desde el inicio.
En Quintana Roo, el problema también duele. Colectivos independientes documentaron 50 feminicidios durante 2025 y más de 260 casos acumulados en los últimos cinco años. Municipios como Benito Juárez, Playa del Carmen y Tulum concentran gran parte de la violencia letal contra mujeres, en un contexto donde también crecen la violencia familiar, los delitos sexuales y la descomposición social.
La realidad es incómoda, pero debemos decirla con claridad: durante años, muchas muertes violentas de mujeres fueron explicadas demasiado rápido como suicidios, accidentes o hechos aislados. Y ahí comienza parte de la impunidad.
La violencia contra las mujeres no solo destruye familias. También debilita municipios, estados y países. Genera costos en salud pública, seguridad, justicia, atención psicológica, pérdida laboral, productividad, orfandad y tejido social. Diversos estudios internacionales estiman que la violencia contra las mujeres puede representar hasta 5% del Producto Interno Bruto de un país.
Cuando el Estado no previene, no investiga correctamente y no sanciona, la violencia también se convierte en una factura económica y social que terminamos pagando todos.
Por eso resulta tan importante la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de feminicidio, recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación, y que permitirá la construcción de una legislación nacional homologada para prevenir, investigar, sancionar y reparar este delito en todo el país.
No se trata únicamente de endurecer penas. Se trata de transformar la manera en que México responde ante la muerte violenta de una mujer.
La reforma establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse bajo la hipótesis de feminicidio hasta descartar esa posibilidad. Además, permitirá homologar criterios, sanciones y protocolos de investigación en los 32 estados del país.
Esto importa porque México no puede tener 32 criterios distintos para investigar el mismo dolor. Una mujer en Quintana Roo merece el mismo estándar de justicia que una mujer en Chihuahua, Guerrero, Nuevo León o cualquier otro estado del país.
La legislación también contempla agravantes específicas, mecanismos de reparación integral y atención para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
Porque detrás de cada mujer asesinada hay familias rotas, hijos sin madre y comunidades enteras marcadas por la impunidad.
La visión planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum también abre una conversación necesaria en todo México: entender que la seguridad y la protección de las mujeres no pueden depender del lugar donde viven ni de la capacidad institucional de cada estado. La justicia debe tener el mismo rostro en todo el país.
Resolver esta problemática de fondo también fortalecería la imagen internacional de México. Un país que investiga con seriedad, protege a sus mujeres y combate la impunidad manda un mensaje de Estado de derecho, estabilidad institucional y responsabilidad social.
Y eso importa.
Porque las sociedades más fuertes no son únicamente las que crecen económicamente. También son las que construyen instituciones capaces de proteger la vida, la dignidad y la seguridad de sus mujeres.
Gobernar no es atender solamente lo visible. También implica tener la sensibilidad y la visión para enfrentar los problemas que muchas veces permanecen ocultos en los hogares, en las carpetas mal integradas o en los silencios institucionales.
Los municipios y estados que verdaderamente avanzan no son solo los que construyen infraestructura, turismo o inversión. También son los que entienden que la justicia, la seguridad y la protección de las mujeres forman parte esencial del desarrollo y del futuro de una sociedad.
Ni una carpeta más mal integrada.
Ni una muerte más minimizada.
Ni una mujer más convertida en estadística.
Justicia para ellas.
