Durante décadas se creyó que la justicia era un asunto exclusivo de jueces, tribunales y códigos. Su función parecía comenzar cuando alguien cometía un delito y terminar con una sentencia. Sin embargo, el mundo cambió. Hoy, la fortaleza de un sistema de justicia también determina cuánto invierte una empresa, cuántos empleos se generan, cuántas familias protegen su patrimonio y qué tan competitivo puede llegar a ser un estado.
¿Qué tienen en común una pareja que compra su primera vivienda, una emprendedora que abre un negocio en Cancún, un inversionista que analiza instalar una empresa en Quintana Roo o un turista que decide regresar al Caribe Mexicano? Todos toman una decisión basada en un mismo principio: la confianza.
Y la confianza no aparece por casualidad. Se construye cuando existen instituciones sólidas, reglas claras y un Estado de Derecho que ofrece certeza jurídica para vivir, trabajar, invertir y emprender.
Los países que hoy encabezan los índices de competitividad, innovación y desarrollo comparten una característica común: instituciones fuertes y sistemas de justicia confiables. No es una coincidencia. Cuando la ley se cumple, los contratos se respetan y los conflictos encuentran solución oportuna, la economía crece porque existe certidumbre para producir, invertir y generar bienestar.
México arrastra desde hace décadas importantes retos en materia de Estado de Derecho. Esa realidad explica que los indicadores internacionales todavía reflejen un amplio margen de mejora, pero también una enorme oportunidad para fortalecer las instituciones y construir un país más competitivo. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado, mediante el Plan México, una estrategia para fortalecer la certeza jurídica, consolidar las instituciones y generar condiciones que permitan atraer más inversión, impulsar el crecimiento económico y crear empleos de mayor calidad. Es una visión que entiende que el desarrollo económico y la justicia no compiten entre sí: se fortalecen mutuamente.
En Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama ha acompañado esa ruta impulsando una agenda para fortalecer la seguridad, ampliar la protección de las mujeres, modernizar las instituciones y promover un desarrollo con mayor bienestar social. Sobre esos avances puede construirse una nueva generación de reformas donde la justicia deje de verse únicamente como un mecanismo para sancionar y se convierta también en una política pública para generar prosperidad.
Los datos ayudan a dimensionar ese desafío. Quintana Roo genera un Producto Interno Bruto superior a los 512 mil millones de pesos y cerca del 72.5% de su economía depende del turismo, los servicios y el comercio. Además, existen más de 58 mil unidades económicas, de las cuales la inmensa mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas. Todas dependen de reglas claras, instituciones confiables y mecanismos eficaces para proteger su patrimonio.
La justicia también tiene rostro cotidiano. Es la familia que pierde sus ahorros por un fraude inmobiliario; es el pequeño empresario que enfrenta amenazas o extorsiones y pone en riesgo el sustento de sus trabajadores; es el conflicto familiar que permanece años sin resolverse y termina afectando el desarrollo emocional de niñas y niños. Cada uno de estos casos representa un problema jurídico, pero también una pérdida económica, social y humana.
Por ello, la siguiente generación de reformas debe mirar más allá de los códigos. Debe fortalecer la protección del patrimonio familiar, combatir con mayor eficacia el fraude inmobiliario, ofrecer herramientas más ágiles para proteger a las micro y pequeñas empresas, consolidar una justicia digital capaz de responder a los nuevos delitos tecnológicos, garantizar procesos familiares más rápidos y colocar siempre en el centro el interés superior de la niñez.
La justicia del siglo XXI no debe medirse únicamente por el número de sentencias emitidas. También debe evaluarse por el número de conflictos evitados, de inversiones protegidas, de empresas fortalecidas, de familias respaldadas y de oportunidades creadas para las nuevas generaciones.
Las grandes transformaciones no comienzan cuando se inaugura una carretera o se abre un aeropuerto. Comienzan cuando una sociedad vuelve a confiar en sus instituciones. Esa confianza permite que una familia compre una vivienda con tranquilidad, que una empresaria decida invertir, que un joven se anime a emprender y que millones de turistas sigan eligiendo Quintana Roo.
La infraestructura más valiosa de un estado no siempre es la que se puede ver. También se construye con instituciones sólidas, reglas claras y ciudadanos que confían en ellas. Porque la verdadera prosperidad comienza cuando la justicia deja de ser únicamente un tribunal y se convierte en el cimiento sobre el que una sociedad decide construir su futuro.
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