Durante décadas, en México, el acceso a la justicia para millones de mujeres ha estado condicionado por algo tan básico como el idioma. No es un detalle menor: más de 7 millones de personas hablan una lengua indígena en nuestro país, y una proporción significativa son mujeres que enfrentan barreras estructurales para denunciar violencia, acceder a servicios o simplemente ser escuchadas.
Por eso, la traducción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres a más de 67 lenguas indígenas no es un gesto simbólico, es una decisión de política pública con impacto real. Significa reconocer que los derechos no pueden depender del idioma que hables, sino de la dignidad que tienes.
Pero este avance va más allá del papel. Hoy existe también un instrumento concreto: la línea 079, donde la opción 1 permite canalizar de forma directa a mujeres que requieren orientación, apoyo o protección. En términos de política pública, esto representa un cambio de paradigma: pasar de la burocracia a la atención inmediata. En términos humanos, significa algo aún más profundo: una mujer que antes no podía pedir ayuda, hoy puede hacerlo en su propia lengua y ser atendida.
No es casualidad. Este avance responde a una visión clara desde el Gobierno de México, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y ejecutada a través de la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, que ha entendido que la igualdad no se decreta, se construye desde el territorio, desde la cultura y desde la realidad de cada mujer.
En Quintana Roo, este enfoque encuentra eco en el trabajo de la gobernadora Mara Lezama, quien ha impulsado una agenda donde el bienestar no es discurso, sino acción concreta. La coordinación entre niveles de gobierno empieza a traducirse en resultados: más herramientas, mayor acceso y una ruta clara hacia la protección efectiva de las mujeres.
Sin embargo, también es momento de decirlo con claridad: garantizar derechos no es solo traducir documentos, es traducir voluntad en resultados. Implica presupuestos bien dirigidos, instituciones capacitadas y una visión que entienda que la violencia contra las mujeres no es un problema aislado, sino estructural.
De acuerdo con estimaciones internacionales, la violencia de género puede representar hasta el 3% del Producto Interno Bruto por costos asociados a salud, justicia y pérdida de productividad. En un estado como Quintana Roo, donde el turismo depende directamente de la percepción de seguridad y bienestar, esto no es un tema menor: es un factor de competitividad.
Cuando una mujer no puede denunciar, el costo no solo es individual, es colectivo. Cuando una mujer no es escuchada, el Estado falla. Y cuando el Estado falla, pierde toda la sociedad.
Por eso, hablar de justicia en 67 lenguas también es hablar de desarrollo, de estabilidad y de futuro.
Hoy, más que nunca, necesitamos instituciones cercanas, humanas y eficientes. Necesitamos liderazgos que entiendan que gobernar no es administrar inercias, sino transformar realidades. Que escuchen, que atiendan y que actúen.
Porque cuando una mujer alza la voz en su propia lengua y el Estado responde, no solo se está garantizando un derecho: se está construyendo justicia.
Y en esa ruta, el verdadero reto no es prometer derechos, sino garantizarlos todos los días.
