El Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado públicamente el plan de reducir el IVA en las zonas fronterizas del norte del país. Una propuesta que a todas luces ha sido bien recibida por empresarios, líderes de opinión y la sociedad civil en general. La reducción de un impuesto tasado directamente al consumo tiene como efecto inmediato el aumento del poder adquisitivo, lo que se traduce en una mayor demanda de bienes y servicios y esto en un incremento en los niveles de producción que requerirán mayores talentos y mano de obra (es decir, incremento en la oferta de empleos).
Sin embargo, toda reducción de impuestos debe acompañarse de un análisis profundo que tenga como resultado la implementación de una estrategia que garantice que la capacidad recaudatoria no se vea afectada. No debemos perder de vista que el fin último de los impuestos es la distribución equitativa de la riqueza.
Quintana Roo es una entidad que no debe quedar fuera de esta ecuación. La reducción del IVA, particularmente para la frontera sur del país elevaría la competitividad económica y el potencial de atracción de inversiones de la zona. El posicionamiento por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos hace mención de un tema muy importante: la reducción del IVA para Quintana Roo disminuirá de forma escalonada la compra de productos en zonas libres fuera del país, particularmente en Belice.
Nuestro Estado, además de ser el principal generador de divisas del sector turístico a nivel nacional, cuenta con una posición geográfica que le permite explorar importantes oportunidades comerciales. Es por ello que la ampliación de la propuesta federal hacia la frontera sur podría generar una dinámica comercial que potencialice el crecimiento económico en el Sur de la entidad.
