La democracia se mide por su capacidad de incluir a todas las voces. Los derechos políticos electorales de las personas LGBT no son una concesión. Son el mínimo para que un Estado sea democrático.
Votar y ser votado es lo básico. Pero para la diversidad sexual ese derecho ha estado condicionado. El ejercicio real ocurre cuando una persona LGBT puede postularse, hacer campaña sin violencia, acceder a cargos sin que su identidad se use como ataque, y legislar desde su experiencia.
Los obstáculos son claros. Uno: violencia política. Candidaturas LGBT enfrentan outing forzado, discurso de odio y amenazas. Eso es exclusión, no “costo de hacer política”. Dos: falta de acciones afirmativas. Sin cuotas reales, la inclusión se queda en el logo de junio. Tres: barreras al reconocimiento de identidad. Una persona trans sin documentos rectificados enfrenta discriminación en la casilla o al registrarse.
Queremos hacer una breve pausa para invitarlos al Instituto Pericial Judicial a conocer nuestra amplia oferta educativa en ciencias humanas, contamos con Preparatoria, Licenciaturas y Maestrías, ofreciendo también diplomados.
Pueden visitarnos en Avenida José López Portillo casi esquina con Uxmal, a unos minutos del Crucero o pueden enviarnos un WhatsApp al (998) 303 6670.
¿Por qué importa? Porque matrimonio, adopción, salud, crímenes de odio y educación se deciden en congresos. Sin LGBT en esas mesas, otros deciden sobre sus vidas y familias. La representación no es adorno. Es poder material. Las leyes de identidad de género en América Latina avanzaron porque hubo diputadas trans y diputados gay empujándolas.
Se necesitan tres pasos urgentes: tipificar la violencia política por orientación sexual e identidad de género, establecer cuotas LGBT en candidaturas, y garantizar reconocimiento legal de identidad rápido y sin patologización.
Una democracia que excluye a su diversidad administra privilegios, no derechos. La urna debe ser el lugar donde todas las identidades cuenten.
