México está viviendo un momento que, aunque parezca técnico, es profundamente histórico.
Por primera vez, la agenda de las mujeres no solo ocupa el discurso público, sino que empieza a transformar la estructura del Estado. No es menor: se requirió la llegada de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta, la creación de una Secretaría de las Mujeres con alcance nacional y la conducción de una figura con origen en la lucha social como Citlalli Hernández Mora para comenzar a corregir una falla histórica.
Porque el problema nunca fue la ausencia de leyes.
Fue la distancia entre la ley y la vida real.
Hoy, la evidencia es contundente: 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia en algún momento de su vida (INEGI), pero menos del 10% de los casos se denuncian y apenas entre 2% y 3% llegan a una sentencia. En términos reales, hablamos de un sistema con niveles de impunidad superiores al 90%.
Durante décadas, México construyó un andamiaje legal robusto, pero con una falla estructural: la desconexión entre instituciones. Ministerios públicos, policías, jueces y áreas de atención a víctimas operando sin coordinación efectiva.
Eso es lo que empieza a cambiar.
El reciente convenio entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de las Mujeres no es un acto administrativo más. Es la construcción de mecanismos de coordinación institucional en un terreno que históricamente operó fragmentado.
Ese es el verdadero punto de inflexión.
Porque ahora el enfoque cambia: intercambio de información, criterios homologados, rutas claras de atención y seguimiento institucional.
Si este modelo avanza en su implementación, el impacto puede ser medible.
En experiencias internacionales como España y Reino Unido, la integración institucional permitió reducir tiempos de atención hasta en 30%, incrementar la judicialización en más de 20% y fortalecer la confianza ciudadana.
En un escenario similar, México podría proyectar en los próximos cinco años:
- Aumento de denuncias del 10% al 20–25%
- Incremento en judicialización del 3% al 8–10%
- Reducción de tiempos de atención en al menos 25%
- Mejora en confianza institucional entre 15% y 20%
Esto representa mucho más que cifras.
Representa la posibilidad de que la justicia deje de ser un concepto y se convierta en una experiencia real.
Pero ese resultado no depende de un solo actor.
A partir de este momento, lo que se construyó deja de ser únicamente una agenda del gobierno federal y se convierte en una responsabilidad compartida.
Gobernadores, presidentes municipales, congresos locales, diputadas y diputados federales, senadoras y senadores, regidores, operadores del sistema, pero también organismos empresariales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, tienen un papel que asumir.
Porque es muy fácil exigir resultados.
Lo complejo es construirlos.
Capacitar, profesionalizar, digitalizar, coordinar, medir y corregir no son tareas aisladas. Son procesos que requieren voluntad, seguimiento y participación de todos los sectores.
En ese contexto, el papel de los estados y de liderazgos como Mara Lezama será clave para traducir esta nueva arquitectura nacional en resultados concretos en territorio.
Pero el punto más importante es este:
lo que hoy se logró no puede quedarse en el papel.
Costó décadas de lucha, exigencia social y transformación política. Requirió nuevas estructuras, nuevas visiones y nuevos liderazgos.
Y ahora exige algo igual de importante: corresponsabilidad.
Porque cuando un país construye una oportunidad de cambio y decide no ejecutarla, no solo pierde una política pública. Pierde confianza, pierde legitimidad y le falla a quienes más necesitan que el sistema funcione.
La justicia para las mujeres no es una tarea de unos cuantos.
Es una responsabilidad de todas y de todos.
Y será en la manera en que asumamos esa responsabilidad donde se definirá si este momento fue histórico o simplemente una oportunidad que dejamos pasar.
